The Tennessean: Un comité clave de la Cámara de Representantes de Tennessee aprobó el miércoles un proyecto de ley que permitiría a las escuelas impedir la matriculación de niños indocumentados, una de las medidas más controvertidas de la actual sesión legislativa. La iniciativa busca desafiar un fallo de la Corte Suprema que garantiza el acceso a la educación pública para todos los menores, sin importar su estatus migratorio.
La votación en el Comité de Educación se llevó a cabo en medio de tensiones. Manifestantes irrumpieron en la sesión entonando la canción infantil “Jesús ama a los niños”, lo que llevó al presidente del comité a convocar abruptamente la votación. El proyecto de ley fue aprobado con 11 votos a favor y 7 en contra, incluyendo la oposición de algunos republicanos, como el presidente del comité, Mark White (R-Memphis), y los representantes Charlie Baum (R-Murfreesboro) y Tim Hicks (R-Gray).
Una estrategia para llevar el caso a la Corte Suprema
Para algunos legisladores republicanos, esta medida es una respuesta directa a lo que consideran un “sistema migratorio fallido”. Sin embargo, sus promotores han reconocido que, de convertirse en ley, Tennessee enfrentaría demandas inmediatas. La verdadera intención, han sugerido algunos, es provocar una batalla legal que llegue hasta la Corte Suprema de EE.UU., de mayoría conservadora.
“El objetivo es impugnar el fallo de Plyler vs. Doe”, admitió el representante Scott Cepicky (R-Culleoka), en referencia al histórico caso de 1982 que estableció el derecho de todos los niños a recibir educación pública en EE.UU., independientemente de su estatus migratorio.
El líder de la mayoría en la Cámara, William Lamberth (R-Portland), quien patrocina la iniciativa, argumentó que las escuelas deberían al menos poder recopilar datos sobre cuántos estudiantes indocumentados tienen en sus aulas. Actualmente, la ley federal prohíbe a las escuelas solicitar documentos de ciudadanía.
“Cada sistema escolar debería poder decidir por sí mismo si desea o no verificar el estatus migratorio de un estudiante que intenta matricularse”, declaró Lamberth.
Demócratas y educadores condenan la medida
Defensores de la educación y legisladores demócratas criticaron duramente el proyecto, acusando a los republicanos de convertir a los niños en el centro de una disputa política.
“No deberíamos poner a nuestros hijos —los más pequeños, aquellos que no pueden valerse por sí mismos— en medio de una batalla de adultos”, declaró el representante Sam McKenzie (D-Knoxville).
Jenny Mills McFerron, de la organización EdTrust Tennessee, advirtió sobre las graves consecuencias de negar la educación a miles de niños.
“¿Qué sucede cuando miles de niños se quedan sin acceso a las aulas? ¿Cómo sería la situación si nunca aprendieran a leer?”, cuestionó McFerron ante los legisladores.
Una historia de esfuerzo que pudo no haber sido posible
Karla MacIntyre, residente de Nashville y exalumna indocumentada del sistema educativo de Tennessee, testificó en contra del proyecto de ley. Relató cómo su madre, una sobreviviente de violencia doméstica, emigró al país para darle a ella y a su hermana la oportunidad de tener un mejor futuro.
“Si este proyecto de ley hubiera existido cuando era niña, mi madre no habría podido pagar una matrícula para que yo asistiera a la escuela”, señaló.
MacIntyre logró graduarse de la preparatoria y obtener dos títulos universitarios. “Estos diplomas son un testimonio de la importancia de la educación para forjar nuestro futuro y contribuir al crecimiento de nuestro estado”, afirmó.
Lo que sigue para el proyecto de ley
La versión enmendada de la propuesta (HB 793) permitiría a las escuelas exigir prueba de ciudadanía o estatus migratorio, aunque no las obligaría a hacerlo. También les otorgaría la facultad de negar la matriculación a niños sin estatus legal o cobrarles matrícula.
El Senado tenía previsto debatir una versión similar de la medida el martes, pero la discusión se pospuso hasta la próxima semana. De avanzar, el proyecto podría convertirse en un punto de inflexión en el debate migratorio y en el acceso a la educación en Estados Unidos.
La pregunta que queda en el aire es: ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los legisladores republicanos para desafiar un derecho fundamental?
