Nashville, TN – En una decisión que ya ha generado fuertes críticas y advertencias legales, la supermayoría republicana en la Asamblea General de Tennessee aprobó un controvertido proyecto de ley de inmigración que penaliza a funcionarios locales por votar a favor de políticas de santuario. La medida, considerada “constitucionalmente sospechosa” por abogados del personal legislativo, representa un giro sin precedentes en el control sobre las decisiones de voto de los funcionarios electos.
El proyecto de ley, que ahora espera la firma del gobernador Bill Lee, establece una nueva oficina estatal de aplicación de la ley de inmigración con un presupuesto de $5 millones dentro del Departamento de Seguridad y Protección Nacional de Tennessee. La legislación también impulsará a las entidades locales a colaborar con autoridades federales de inmigración a través de acuerdos de cooperación y creará una nueva licencia de conducir que diferenciará a ciudadanos estadounidenses de residentes permanentes legales.
Criminalización del voto: un “precedente peligroso”
Uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley es su disposición para sancionar penalmente a los funcionarios locales, como miembros del consejo municipal y comisionados del condado, que voten a favor de políticas de santuario. Tennessee ya prohíbe estas políticas, que limitan la cooperación entre gobiernos locales y autoridades federales de inmigración, pero esta nueva legislación va un paso más allá al castigar con delitos graves a quienes emitan votos en favor de ellas.
“Es ilegal según la ley estatal establecer ciudades santuario”, afirmó el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, William Lamberth (R-Portland). “Si votan a favor de hacerlo, será absolutamente un delito grave y serán destituidos de su cargo”.
Sin embargo, la constitucionalidad de esta medida ha sido cuestionada. Todd Gardenhire (R-Chattanooga), el único republicano que votó en contra, la calificó como un “precedente peligroso” al criminalizar decisiones legislativas. Por su parte, el representante Joe Towns (D-Memphis) criticó a la supermayoría republicana, acusándola de “estar ebria de poder” y actuar sin límites.
ACLU prepara demanda contra la ley
Tras la aprobación en la Cámara de Representantes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Tennessee anunció que se prepara para impugnar la ley en los tribunales.
“Amenazar a los funcionarios con cargos por delitos graves y procesamiento penal basándose únicamente en cómo votan plantea importantes preocupaciones constitucionales”, declaró Stella Yarbrough, directora legal de ACLU-TN. “Esta legislación autoritaria es incompatible con los valores fundamentales de la democracia y el estado de derecho”.
Los legisladores republicanos, sin embargo, han restado importancia a estos cuestionamientos. El senador Bo Watson (R-Hixson) aseguró que la ley es coherente con la postura del estado sobre inmigración. “No hay hipocresía en absoluto”, afirmó.
Impacto humano y preguntas sin respuesta
La representante Gabby Salinas (D-Memphis), quien emigró desde Bolivia cuando era niña para recibir tratamiento contra el cáncer, cuestionó la legislación desde una perspectiva humana. Recordó cómo, en su infancia, el fallecido senador republicano Fred Thompson ayudó a su familia a obtener la ciudadanía tras una tragedia familiar.
“Me pregunto si hoy la legislatura consideraría a Thompson un delincuente por sus esfuerzos”, expresó Salinas en su primer discurso en el pleno de la Cámara. “Espero que al compartir mi historia vean que esto tiene un costo humano”.
Los líderes republicanos han evitado responder por qué los funcionarios estatales pueden votar sin temor a represalias, mientras que los funcionarios locales enfrentan consecuencias penales por hacer lo mismo. “Mi esperanza es que nadie sea procesado en virtud de esto”, dijo Lamberth. “Simplemente no voten por estas políticas”.
A pesar del énfasis en reforzar la aplicación de la ley de inmigración, el proyecto no cambia sustancialmente la forma en que las fuerzas del orden pueden colaborar con autoridades federales. Actualmente, Tennessee cuenta con acuerdos 287(g) en los condados de Knox y Green, con una solicitud pendiente en el condado de Putnam.
El condado de Davidson abandonó su acuerdo en 2012 tras una serie de controversias, incluida la denuncia de una mujer que fue encadenada a una cama de hospital mientras daba a luz tras ser detenida en una parada de tráfico.
El nuevo departamento estatal también actuaría como enlace entre autoridades locales, estatales y federales, además de canalizar fondos para apoyar a las jurisdicciones que busquen implementar acuerdos 287(g).
Con el proyecto de ley en camino al escritorio del gobernador Bill Lee, el futuro de esta legislación ahora dependerá de los tribunales, donde ya enfrenta su primera gran batalla legal.
