NASHVILLE, TN — En medio de oraciones, protestas y una profunda división política, una propuesta de ley que podría negar el acceso a la educación pública a niños indocumentados en Tennessee avanzó un paso más hacia su posible aprobación.
La legislación, conocida como HB 793, fue aprobada el lunes por un estrecho margen de 8 votos contra 7 en el Comité de Operaciones Gubernamentales de la Cámara de Representantes estatal. La tensión durante la audiencia fue evidente: un grupo de líderes religiosos se arrodilló en la sala y recitó el “Padre Nuestro”, obligando al presidente del comité a suspender temporalmente la sesión.
Con este voto, el proyecto de ley pasará al Comité de Finanzas de la Cámara, la última parada antes de llegar al pleno. La medida tiene un reflejo en el Senado con la propuesta SB 836, cuya votación está programada para este jueves 10 de abril a las 8:30 a. m. (hora central).
¿Qué plantea la legislación?
El proyecto permitiría a las escuelas de Tennessee exigir a los estudiantes o sus padres pruebas de ciudadanía, estatus migratorio legal o visa antes de matricularse. En caso de no poder demostrarlo, las escuelas tendrían la opción de negar la inscripción o cobrar matrícula para asistir a clases.
Sus proponentes argumentan que la iniciativa busca “cuantificar” cuántos estudiantes indocumentados asisten a las escuelas del estado y proteger los recursos fiscales limitados. Sin embargo, críticos de ambos partidos han levantado serias preocupaciones sobre su viabilidad legal, su impacto presupuestario y, sobre todo, su carga moral.
Uno de los datos más contundentes en contra de la medida viene de la nota fiscal oficial, que advierte que Tennessee podría perder hasta $1,100 millones en fondos federales para educación si el estado implementa políticas que discriminen a estudiantes indocumentados.
Un debate que trasciende líneas partidistas
Aunque la legislación ha ganado terreno con respaldo republicano, no ha sido unánime dentro del partido. De hecho, el presidente del Caucus Republicano, Jeremy Faison, representante por Cosby, se unió a los demócratas para votar en contra de la propuesta. Esta división interna sugiere que las votaciones finales no se ajustarán estrictamente a las líneas partidistas.
El representante demócrata John Ray Clemmons, de Nashville, fue uno de los más vocales en su oposición:
“Nuestro país tiene un sistema de inmigración fallido. Esto no lo va a solucionar. Va a discriminar a niños inocentes que no tienen ni idea de si son indocumentados o no”, expresó. “Este es un proyecto de ley de educación para castigar a niños inocentes”.
¿Y la Constitución?
La legislación también podría tener un alto costo legal. Sus propios impulsores han admitido públicamente que esperan enfrentar una demanda que desafíe el precedente establecido en el caso Plyler v. Doe (1982), en el cual la Corte Suprema determinó que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a educación pública gratuita en Estados Unidos.
Pero no todos los legisladores comparten esa interpretación. El representante Monty Fritts, republicano por Kingston, expresó durante la audiencia:
“No estamos hablando de inmigrantes, estamos hablando de inmigrantes ilegales. Hay una clara diferencia. No hay mayor acto de rebeldía en Estados Unidos que cruzar la frontera ilegalmente”.
Consecuencias para Tennessee y más allá
De aprobarse, esta ley no solo afectaría a estudiantes indocumentados, muchos de los cuales llegaron al país siendo bebés sino que también alteraría profundamente el tejido educativo y comunitario en Tennessee. Además del impacto humano, podría abrir un frente legal costoso y exponer al estado a sanciones federales.
Aunque la versión del Senado es más estricta, exigiendo que todas las escuelas verifiquen el estatus migratorio de sus estudiantes, el patrocinador de la Cámara, el líder de la mayoría William Lamberth (republicano por Portland), defiende su versión como “permisiva”, es decir, que deja la decisión en manos de cada escuela.
Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles, sindicatos de maestros, comunidades religiosas y activistas por los derechos de los inmigrantes continúan alzando su voz, argumentando que esta legislación va contra los principios fundamentales de justicia, equidad y acceso a la educación para todos los niños, sin importar su lugar de nacimiento.
La batalla legislativa aún no ha terminado, pero sus repercusiones ya se sienten en los pasillos del Capitolio estatal y en las aulas donde muchos niños esperan simplemente aprender y soñar con un futuro mejor.
