La tensión entre el gobierno estatal y la Fiscalía del Condado de Shelby escaló este martes. El fiscal Steve Mulroy presentó una demanda contra el estado de Tennessee por dos leyes recientemente aprobadas por la legislatura, asegurando que representan una “interferencia ilegal” en el trabajo de su oficina y en el manejo de los casos relacionados con el Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis.
Mulroy sostiene que tanto la llamada “Ley de Responsabilidad del Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis” como la “Ley de Auditoría y Fiscalía Provisional” violan la Constitución de Tennessee y atacan directamente la autonomía de la Fiscalía del Condado de Shelby.
“Estos proyectos de ley discriminan ilegalmente al Condado de Shelby y a sus votantes”, declaró Mulroy. “Nuestra Constitución y décadas de decisiones de la Corte Suprema estatal dejan claro que un fiscal de distrito elegido por los ciudadanos tiene amplia discreción para manejar los casos sin interferencias. Solo un juez elegido localmente puede nombrar un fiscal sustituto si el fiscal electo no está disponible”.
La nueva Ley de Auditoría y Fiscalía Provisional autoriza al Fiscal General del estado a revisar archivos internos de la Fiscalía del Condado de Shelby y compartir información con miembros de la legislatura para auditar las decisiones tomadas en casos vinculados al grupo de trabajo federal.
Además, esa ley permitiría al Fiscal General solicitar ante la Corte Suprema de Tennessee el nombramiento de un fiscal provisional para manejar casos relacionados con el grupo federal de seguridad.
Por otro lado, la Ley de Responsabilidad del Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis obliga a la Fiscalía a presentar reportes cada diez días detallando cualquier desestimación o resolución de cargos enviados por el grupo de trabajo federal.
Mulroy criticó duramente ambas medidas y advirtió que, lejos de ayudar, podrían afectar la seguridad pública en Shelby County.
“Y que no quede ninguna duda: estas leyes harán que los residentes del Condado de Shelby estén menos seguros”, afirmó. “Son vagas, redundantes y administrativamente engorrosas. Además, sugieren que nuestra oficina debería dar mayor prioridad a los casos federales que a los casos presentados por las agencias policiales locales”.
El fiscal agregó que las nuevas exigencias burocráticas desviarán recursos importantes.
“Estos proyectos de ley quitarán tiempo y recursos del verdadero trabajo de combatir el crimen para destinarlos a tareas innecesarias”, expresó. “Los fiscales de distrito en todo Tennessee ya están obligados a entregar información sobre la resolución de casos a la Legislatura. No existe razón para imponer reglas especiales únicamente a Shelby County”.
La disputa legal ahora podría terminar en los tribunales estatales, mientras continúa el debate político sobre el control y supervisión de los casos criminales en Memphis, una ciudad donde el tema de la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de la comunidad.
