El congresista Steve Cohen instó al gobernador de Tennessee, Bill Lee, a revocar una directiva estatal que exige reportar a la división estatal de control de inmigración el estatus migratorio de aproximadamente 400 niños enfermos o con discapacidades que reciben atención a través de un programa de salud pública.
En una carta enviada el miércoles al gobernador, Cohen calificó la medida como “moralmente repulsiva” e “inhumana”, y pidió a Lee reconsiderar la política antes de concluir su mandato.
“Al concluir su mandato como gobernador, considere su fe cristiana al implementar políticas que definirán su legado”, escribió Cohen, demócrata que representa parte del área de Memphis en el Congreso.
La controversia surge después de que el Departamento de Salud de Tennessee notificara este mes a familias inmigrantes con hijos inscritos en el programa de Servicios Especiales para Niños que su información sería reportada a la Oficina Centralizada de Control de Inmigración del estado después del 30 de junio si continúan recibiendo los beneficios.
La medida ha provocado preocupación entre proveedores de salud, pediatras y defensores de los derechos de los niños. La sección de Tennessee de la Academia Estadounidense de Pediatría ha alentado a médicos de todo el estado a enviar cartas expresando su oposición a la directiva.
El programa de Servicios Especiales para Niños atiende a menores de bajos ingresos, desde recién nacidos hasta los 21 años de edad, que carecen de seguro médico adecuado y padecen enfermedades graves o discapacidades complejas, incluyendo espina bífida, anemia falciforme y otras condiciones incapacitantes.
Además de coordinar atención médica especializada, el programa ayuda a las familias a obtener equipos y suministros esenciales, como ventiladores, oxígeno domiciliario, sillas de ruedas, catéteres y fórmulas médicas para niños alimentados por sonda.
Financiado con recursos estatales y federales, el programa ha brindado servicios a menores independientemente de su estatus migratorio desde la década de 1930. Datos estatales muestran que más de 4,600 niños recibieron apoyo a través de este programa durante 2024.
En respuesta a cuestionamientos sobre la política, un portavoz del gobernador Lee señaló que Tennessee está obligado a administrar el programa conforme a las leyes estatales y los requisitos federales vigentes, aunque no confirmó si el gobernador considera revocar la directiva.
Cohen también cuestionó la base legal utilizada para enviar las notificaciones a familias con hijos menores de edad. El congresista argumentó que la ley estatal recientemente aprobada, que exige verificar el estatus migratorio para ciertos beneficios públicos, limita esa verificación a personas de 18 años o más.
“A pesar de mi firme convicción de que deportar a los niños más vulnerables y enfermos, y a sus padres, por un asunto migratorio que los niños no solicitaron, es moralmente reprobable, observo que esta interpretación no se basa en la lectura literal del texto”, escribió Cohen.
Por su parte, el representante estatal Dennis Powers, copatrocinador de la legislación, defendió la medida y aseguró que ningún menor que necesite atención médica de emergencia o tratamientos que salven vidas será privado de esos servicios.
Powers sostuvo que la ley busca garantizar que los beneficios públicos financiados por los contribuyentes sean otorgados únicamente a quienes tienen derecho legal a recibirlos.
Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos de los niños han rechazado ese argumento y advierten que las salas de emergencia no pueden sustituir la atención continua y especializada que requieren menores con enfermedades crónicas y condiciones médicas complejas.
Mientras continúa el debate, familias, médicos y organizaciones comunitarias mantienen la presión sobre la administración estatal para que reconsidere una medida que podría afectar a algunos de los niños más vulnerables de Tennessee.
