En un pronunciamiento que suma peso político a la creciente preocupación de residentes locales, el senador republicano Roger Wicker declaró su oposición al plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de convertir un almacén industrial en Byhalia en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
A través de una carta dirigida a la secretaria del DHS, Kristi Noem, el senador dejó claro su rechazo, argumentando que tal conversión “sobrecargaría la infraestructura local existente y frustraría oportunidades económicas más adecuadas para este lugar”.
La comunidad de Byhalia, una pequeña ciudad del condado de Marshall, ha estado en el centro de rumores durante semanas. Aunque el DHS no ha confirmado oficialmente el interés en el sitio, documentos públicos indican que el almacén en cuestión podría albergar hasta 8,500 personas detenidas por ICE, una cifra que ha encendido las alarmas entre residentes y autoridades locales.
Wicker subrayó que el terreno fue concebido originalmente para atraer inversión privada y desarrollo económico en el norte de Mississippi.
“Este terreno está actualmente destinado al desarrollo económico. Representa una oportunidad para la creación de empleo, la inversión privada y el crecimiento económico a largo plazo”, escribió el senador. “Convertir este activo industrial en un centro de detención impide las oportunidades de crecimiento económico y las reemplaza por un uso que no genera beneficios económicos ni comunitarios comparables”.
La misiva de Wicker se alinea con el sentir de muchos residentes, que han expresado inquietudes sobre cómo una instalación de este tipo impactaría los recursos locales. Byhalia, aunque en expansión, no cuenta con la infraestructura médica, de transporte ni de servicios sociales para sostener una población detenida de tal magnitud.
En su carta, Wicker también destacó que los centros de detención exigen una infraestructura especializada — desde sistemas de agua y energía hasta personal médico y servicios de emergencia — que actualmente no existe en la localidad.
“La infraestructura médica y de servicios sociales existente en Byhalia es insuficiente para atender a una población de detenidos tan numerosa”, señaló.
Además, hizo eco de las voces de sus electores, quienes han expresado preocupaciones respecto a la seguridad pública, la presión sobre servicios médicos locales y las posibles repercusiones económicas a largo plazo.
“Proceder con esta adquisición sin abordar adecuadamente estas cuestiones ignora la opinión de la comunidad”, advirtió el legislador.
Wicker cerró su mensaje con un llamado claro a detener el avance del plan, pidiendo a ICE que reconsidere la adquisición del terreno y la construcción del centro.
“Insto encarecidamente a ICE a que reconsidere esta adquisición […] Espero su pronta respuesta y le solicito que me mantenga informado sobre esta adquisición y cualquier propuesta futura de contratación de ICE que afecte al estado de Mississippi.”
Mientras tanto, la comunidad de Byhalia continúa esperando respuestas. Las protestas locales y el creciente interés público reflejan un clima de incertidumbre, en el que muchos temen que la instalación transforme de forma irreversible el destino de una ciudad que, hasta ahora, apostaba al desarrollo y no a la detención.
