En una votación que no pasó desapercibida, el Senado de Tennessee dio luz verde este jueves a un proyecto de ley que podría cambiar la forma en que operan los agentes de seguridad en el estado. La medida, impulsada por el senador republicano Jack Johnson, avanza ahora hacia la Cámara de Representantes, mientras crece el debate sobre sus alcances.
Se trata del Proyecto de Ley SB 1880, una propuesta que crea formalmente la Oficina de Seguridad Nacional (OHS) dentro del Departamento de Seguridad. Pero más allá de su estructura, lo que realmente llama la atención es el poder que otorga.
Hasta ahora, los agentes de esta oficina necesitaban un proceso formal para ser designados como agentes del orden. Debían cumplir requisitos específicos y su función estaba ligada principalmente a apoyar investigaciones relacionadas con terrorismo. Eso cambia.
Con esta nueva legislación, el Comisionado de Seguridad podrá designar directamente a estos agentes como oficiales del orden público. Sin intermediarios. Sin el proceso anterior.
Además, la ley elimina la obligación de notificar cuando un agente ya no deba tener esa autoridad. Un detalle que, para algunos, abre la puerta a mayor discrecionalidad dentro del sistema.
El proyecto también autoriza a los agentes a portar armas incluso cuando no estén en servicio, alineándose con otras disposiciones estatales que permiten a las fuerzas del orden estar armadas en todo momento.
Pero hay más. La legislación deja claro que estos agentes no estarán limitados únicamente a los delitos enumerados en el texto. Tampoco impide que otras agencias investiguen los mismos casos. Es decir, amplía el margen de acción sin cerrar la puerta a otras jurisdicciones.
El martes, una enmienda introdujo ajustes clave. Entre ellos, se establece que la Oficina de Seguridad Nacional solo podrá iniciar investigaciones cuando exista una sospecha razonable de que se ha cometido, se está cometiendo o está por cometerse una violación de la ley estatal, y que esté relacionada con amenazas específicas.
Curiosamente, se eliminó del texto la categoría de “amenazas o ataques contra la seguridad pública” como justificación automática para investigar.
En el terreno digital, el proyecto entra con precisión. Define los ciberdelitos que podrán ser investigados: acceso no autorizado a sistemas, interrupciones a infraestructuras críticas, fraude, extorsión, ransomware y actividad cibernética coordinada.
Eso sí, pone un límite importante: las campañas de desinformación no serán motivo de investigación, a menos que exista sospecha razonable de que constituyen un delito penal.
El proyecto fue aprobado con 25 votos a favor y 6 en contra. Una mayoría clara, pero no unánime.
Ahora la pregunta queda en el aire: ¿se trata de una herramienta necesaria para enfrentar nuevas amenazas o de una expansión preocupante del poder estatal?
