Editorial de Opinión
Por Manuel Duran: OPERATIVO EN NASHVILLE: Otra vez lo vemos: un operativo coordinado entre agencias estatales y federales que, aunque presentado bajo la bandera de la seguridad pública, deja tras de sí una estela de incertidumbre, miedo y preguntas sin respuesta para nuestras comunidades inmigrantes.
La reciente operación entre ICE y la Patrulla de Caminos de Tennessee, que terminó con 94 detenciones migratorias y 369 infracciones de tránsito, es un claro ejemplo de cómo la aplicación de la ley puede cruzar una delgada línea, donde el control del tránsito se convierte de forma no oficial pero evidente en una puerta de entrada para las acciones de inmigración.
Nadie discute la necesidad de hacer cumplir la ley, ni que existan personas peligrosas que deben ser sacadas de circulación. Los datos lo muestran: entre los detenidos hubo un agresor sexual condenado y presuntos miembros de pandillas. Pero cuando las cifras se desmenuzan, también aparecen muchas otras personas: trabajadores, madres, jóvenes, padres de familia. Gente que fue detenida, no por representar una amenaza, sino por una luz trasera rota, por ir un poco más rápido de lo debido o por no usar una señal de giro. Y esa diferencia lo cambia todo.
Tennessee Highway Patrol (THP) insiste en que su labor se limitó a detener a conductores por violaciones de tránsito, y que no participaron en decisiones relacionadas con estatus migratorio. Pero esa separación, aunque legalmente válida, no siempre se percibe así desde el asiento del conductor cuando uno ve luces azules detrás de su auto y sabe que no tiene papeles.
El miedo no es teoría. Es real. Lo he visto en los ojos de quienes me escriben, me llaman o me buscan después de cada uno de estos operativos. Miedo a salir a trabajar. A llevar a sus hijos a la escuela. A conducir para llevar una medicina. Miedo de que una infracción menor termine en una separación familiar.
Lo que falta en estas operaciones y lo que las autoridades aún no han podido explicar con claridad es transparencia. ¿Cómo se determina cuándo ICE puede actuar tras una parada de tránsito? ¿Cuál es el criterio para detener a alguien por “investigación adicional”? ¿Qué garantías existen de que no hay perfilamiento racial o discriminación implícita?
El estado tiene derecho a aplicar sus leyes, claro. Pero también tiene la obligación de hacerlo con equidad, humanidad y responsabilidad. Y cuando hay coordinación entre agencias que operan bajo distintos marcos legales —uno estatal y otro federal— la comunidad tiene derecho a entender hasta dónde llega la jurisdicción de cada uno y, más importante aún, a sentirse segura.
Porque en nombre de la seguridad, no podemos justificar el silencio ni la opacidad. No podemos aceptar que una parada de tránsito se convierta en una herramienta para sembrar el miedo.
Hoy más que nunca, es necesario que nuestras comunidades se mantengan informadas, organizadas y visibles. Y que quienes aplican la ley recuerden que detrás del volante no solo hay un conductor. Hay una historia. Una familia. Una vida que también merece ser protegida.
