En Tennessee, un polémico proyecto de ley que buscaba clasificar el aborto como homicidio y que habría permitido a los fiscales solicitar incluso la pena de muerte fracasó esta semana en la Cámara de Representantes estatal.
La iniciativa no logró avanzar después de ser revisada por el Subcomité de Salud Poblacional, controlado por legisladores republicanos. El panel examinó la propuesta, pero finalmente no se realizó ninguna votación, lo que en la práctica dejó el proyecto sin futuro legislativo.
La medida era impulsada por la representante republicana Jody Barrett, de Dickson. Según una copia de la enmienda presentada, la legislación pretendía modificar el marco penal del estado para que las protecciones legales se aplicaran “por igual a los niños no nacidos”.
De haberse aprobado, el cambio habría tenido implicaciones profundas en el sistema judicial del estado. Bajo el lenguaje propuesto, un aborto o incluso un intento de aborto podría haber sido tratado por los tribunales como asesinato o agresión.
Además, la legislación también contemplaba sanciones penales para cualquier persona que ayudara a alguien a obtener un aborto, incluidos médicos u otros profesionales de la salud.
Sin embargo, el proyecto no habría tenido efecto retroactivo. Es decir, no se habría aplicado a abortos ocurridos antes de la posible entrada en vigor de la ley.
El debate sobre el aborto continúa siendo uno de los temas más intensos en la política estadounidense. Y en Tennessee, donde ya existen algunas de las restricciones más severas del país, la discusión sigue dividiendo opiniones dentro y fuera del Capitolio estatal.
Por ahora, la propuesta queda archivada. Pero la conversación —y el choque de posturas— está lejos de terminar.
