Un proyecto de ley que permitiría a las escuelas de Tennessee impedir la matriculación de niños indocumentados avanzó el martes en su primera comisión de la Cámara de Representantes, desatando una ola de protestas. Cientos de manifestantes exigieron a los legisladores garantizar la igualdad de acceso a la educación, mientras la iniciativa se perfila como una de las más controversiales del año.
“El derecho a la educación no debe sernos arrebatado”
En una sala abarrotada, Damián Felipe Jiménez, estudiante de sexto grado en Knoxville, testificó en contra del proyecto de ley. Con voz firme, pidió a los legisladores que mostraran respeto y compasión hacia los niños inmigrantes.
“Soy hijo de padres inmigrantes que me han enseñado el respeto y el valor de cada persona”, declaró Jiménez. “Al igual que todos los niños en este país, tenemos derecho a soñar y hacer realidad nuestros sueños. El derecho a la educación no debe sernos arrebatado por nuestra situación migratoria”.
Sin embargo, los impulsores del proyecto argumentan lo contrario. El líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, William Lamberth, republicano por Portland y principal patrocinador de la medida, sostiene que es un error hacer creer a los niños indocumentados que pueden aspirar a las mismas oportunidades que otros estudiantes.
“Es una falsa esperanza dar a los niños la mejor educación del mundo y luego decirles que pueden ser médicos, abogados o postularse a un cargo público. Porque no es cierto”, afirmó Lamberth. “Si residen ilegalmente, sus sueños en algún momento tendrán un límite, y eso es inapropiado”.
Lamberth insistió en que la solución debería provenir del gobierno federal, asegurando que los niños indocumentados puedan “inmigrar legalmente” y alcanzar sus objetivos.
Un debate con consecuencias económicas y legales:
El proyecto de ley enfrenta no solo un debate moral, sino también preocupaciones económicas y legales.
El Consejo Americano de Inmigración estima que decenas de miles de inmigrantes sin estatus legal viven y trabajan en Tennessee, generando ingresos por más de 4 mil millones de dólares y contribuyendo con casi 350 millones en impuestos locales y estatales. Dado que el estado no cobra impuesto sobre la renta, los opositores al proyecto señalan que los inmigrantes pagan impuestos sobre las ventas en cada compra que hacen, financiando indirectamente las escuelas.
Gisselle Huerta, auxiliar de enfermería en Nashville y activista por los derechos de los inmigrantes, rechazó la iniciativa.
“Estaremos creando una subclase permanente de jóvenes sin educación, privados de las herramientas necesarias para contribuir plenamente a nuestra sociedad”, dijo Huerta. “¿Es este el Tennessee que queremos ser, un estado que les da la espalda a los niños que juran lealtad a nuestra bandera cada mañana?”
Además, el impacto legal podría ser significativo. Un análisis fiscal del proyecto, publicado la semana pasada, advierte que la exigencia de comprobar la ciudadanía o el estatus legal de los estudiantes podría poner en peligro 1.100 millones de dólares en fondos federales para la educación en Tennessee.
Dos versiones del mismo proyecto:
El debate ha tomado caminos distintos en el Senado y la Cámara de Representantes.
La semana pasada, el senador Bo Watson, republicano por Hixson, modificó su versión de la ley SB 836 para exigir que todas las escuelas verifiquen el estatus migratorio de los estudiantes. Sin embargo, en lugar de prohibir la inscripción de niños indocumentados, las escuelas podrían optar por cobrarles matrícula, alineándose con las políticas estatales para alumnos fuera de distrito.
Por otro lado, la versión de Lamberth, la HB 793, mantiene la posibilidad de negar la matriculación directamente. Aunque el texto del Senado ha suavizado la propuesta, sigue estableciendo nuevos requisitos de documentación en todas las escuelas del estado.
Mientras la Cámara avanza con su versión más estricta, las protestas no han cesado. Activistas, docentes y familias han llenado los pasillos del Capitolio estatal con pancartas que dicen “Educación para todos” y “La educación pública es un derecho”.
Ayleem Connolly, activista y exmaestra de Memphis, advirtió sobre los efectos devastadores que esta medida podría tener.
“En mi país natal, República Dominicana, los niños sin acceso a la educación terminan en trabajos infantiles peligrosos. ¿Queremos ver eso aquí?”, cuestionó.
División entre republicanos
A pesar del respaldo mayoritario de los líderes republicanos, la propuesta ha generado divisiones dentro del partido.
La semana pasada, tres senadores republicanos votaron en contra del proyecto de ley en una comisión del Senado, permitiendo su aprobación por un margen mínimo. En la Cámara, el martes, el representante Mark White, republicano por Memphis, también se opuso a la medida.
Mientras la legislación sigue su curso en ambas cámaras, su destino final es incierto. Lo que sí está claro es que Tennessee se encuentra en el centro de un debate nacional sobre el acceso a la educación y los derechos de los inmigrantes.
Con información de: The Commercial Appeal
