Condado DeSoto, Mississippi – El fiscal de distrito del condado de DeSoto, Matthew Barton, ha planteado una polémica propuesta que busca implementar un programa de cazarrecompensas para identificar y reportar a personas que viven en Estados Unidos sin estatus migratorio. Según la iniciativa, cualquier ciudadano que proporcione información que resulte en la deportación de una persona indocumentada recibiría una recompensa de $1,000.
“Estamos proporcionando personal adicional para ICE para que la aprehensión inicial pueda realizarse de manera legal, segura y protegida. Una vez que alguien sea detenido, ya sea por un cazarrecompensas o un oficial de paz, ICE tendría un plazo de 48 horas para tomar custodia de esa persona”, explicó Barton.
El programa ha sido bautizado como Programa de Cazarrecompensas Certificado para Extranjeros Ilegales de Mississippi (Proyecto de ley de la Cámara 1484). El fiscal subrayó que la propuesta aún debe pasar por el proceso legislativo y que se encuentra abierta a ajustes y sugerencias: “Lo que parece en el papel ahora puede no ser exactamente lo que resulte al final. La legislatura tendrá que resolver muchas preocupaciones para lograr un producto final más sólido”, agregó.
De acuerdo con Barton, la medida responde a problemas de seguridad pública y a lo que describió como una carga financiera impuesta por las personas indocumentadas en el condado. Según sus datos, en los últimos cuatro años, más de mil inmigrantes sin estatus legal han pasado por la cárcel del condado en Hernando, lo que representa más del doble en comparación con el período previo.
El programa planea destinar los fondos de recompensas tanto a ciudadanos como a cazarrecompensas certificados.
La propuesta no ha tardado en generar reacciones negativas. La abogada de inmigración Lily S. Axelrod, de Axelrod Immigration Law PLLC, calificó el programa como una táctica de miedo y expresó preocupaciones sobre su implementación:
“No hay forma de saber cuántas personas detenidas carecen de estatus migratorio. ICE puede emitir alertas sobre personas que tienen visas de estudiante o incluso residentes permanentes. Este tipo de programas pueden fomentar perfiles raciales y abusos por parte de justicieros”, señaló Axelrod.
Además, advirtió que los registros de inmigración no son públicos y están protegidos por leyes como la Ley de Libertad de Información, lo que dificulta verificar el estatus migratorio de las personas.
Axelrod también subrayó el impacto positivo de los inmigrantes en la economía local: “En el norte de Mississippi, si alguna vez le han arreglado el césped, trabajado en la construcción de su casa, pavimentado una calle o cuidado a un ser querido, es probable que haya sido un inmigrante indocumentado. Estas personas tienen un peso importante en nuestra economía”.
La abogada instó a las personas sin estatus migratorio a buscar ayuda en organizaciones sin fines de lucro, que ofrecen asistencia gratuita para defenderse de este tipo de medidas. “En el área de Memphis y en el centro y sur de Mississippi, hay excelentes programas que pueden brindar apoyo legal”, afirmó.
Mientras el proyecto avanza en la legislatura, la propuesta del fiscal Barton ha encendido el debate en Mississippi, polarizando opiniones entre quienes la ven como una medida de seguridad pública y quienes la consideran una amenaza a los derechos civiles y una vía para la discriminación.
