Nashville, Tennessee — Kilmar Abrego García, un trabajador salvadoreño acusado de tráfico de personas, permanecerá en prisión por ahora, luego de que un juez federal en Tennessee aceptara retrasar su liberación ante el temor de que el gobierno estadounidense lo deporte antes de que pueda enfrentar su juicio.
La decisión fue tomada el lunes por la jueza magistrada Barbara Holmes, quien había autorizado la liberación de Abrego bajo condiciones estrictas. Sin embargo, sus propios abogados solicitaron aplazar la medida al considerar que las declaraciones del gobierno de Donald Trump sobre el destino del salvadoreño eran contradictorias y poco confiables.
“No podemos confiar en ninguna declaración hecha sobre este tema”, escribieron los abogados en un informe presentado al tribunal. “La ironía de esta solicitud no pasa desapercibida para nadie”.
Un caso marcado por errores y tensión política
Abrego García, quien residía en Maryland y trabajaba en construcción, se convirtió en símbolo del endurecimiento de las políticas migratorias del expresidente Trump cuando, en marzo, fue deportado erróneamente a El Salvador. Lo anterior, a pesar de una orden judicial vigente desde 2019 que prohibía su expulsión debido a amenazas creíbles de pandillas en su país natal.
Bajo presión y tras una orden de la Corte Suprema, el gobierno republicano trajo de regreso a Abrego este mes para enfrentar cargos por tráfico de personas, cargos que su defensa califica como “absurdos” y parte de un intento por “condenarlo ante la opinión pública”.
Los cargos en su contra se originaron tras una parada de tráfico en 2022 por exceso de velocidad en Tennessee, cuando Abrego conducía un vehículo con nueve pasajeros que no portaban equipaje.
Contradicciones dentro del gobierno
El desconcierto legal que rodea el caso se agravó la semana pasada cuando, en declaraciones separadas, funcionarios del Departamento de Justicia ofrecieron versiones distintas sobre el futuro de Abrego.
El portavoz Chad Gilmartin aseguró a The Associated Press que la intención era juzgar a Abrego por los cargos antes de proceder con una deportación. Pero ese mismo día, otro abogado del Departamento, Jonathan Guynn, declaró ante un juez en Maryland que el plan era deportarlo a un “tercer país” no especificado, y sin plazo definido.
Ante este escenario, la defensa teme que su cliente sea deportado “de forma inmediata”, lo cual haría imposible que se presente a juicio.
El papel de ICE y la falta de control judicial
Durante una audiencia realizada el 25 de junio, la jueza Holmes señaló que Abrego podría quedar en libertad bajo la condición de vivir con su hermano —ciudadano estadounidense— en Maryland. Sin embargo, pospuso la liberación al constatar que la fiscalía no podía garantizar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no procedería a su deportación.
El fiscal federal interino Rob McGuire admitió que su oficina no tiene jurisdicción sobre ICE y, por ende, no puede evitar una deportación.
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del cual depende ICE, no respondió directamente sobre los planes respecto a Abrego. Una portavoz, Tricia McLaughlin, se limitó a declarar que el salvadoreño “nunca quedará libre en suelo estadounidense”.
Abrego se declaró inocente de los cargos el pasado 13 de junio. Ahora, sus abogados han solicitado postergar cualquier intento de liberación hasta el 16 de julio, fecha en la que se celebrará una audiencia para revisar si la orden de liberación debe ser revocada.
“En un mundo justo, no intentaría prolongar su detención”, expresaron los abogados en su escrito del viernes.
Mientras tanto, Abrego permanece tras las rejas. Y aunque el sistema judicial reconoce que no representa un peligro ni un riesgo de fuga, su libertad sigue pendiendo de un hilo ante la amenaza latente de una deportación que, de consumarse, podría negar su derecho a un juicio justo.
