La semana pasada, activistas denunciaron públicamente haber descubierto una cámara escondida frente a la casa del conocido organizador y activista Antonio Blair. La cámara estaba escondida dentro de una caja con rótulo de “Alto Voltaje”. MLGW confirmó que la caja había sido instalada por la Policía de Memphis y dijo que “no pasó por el proceso normal de conexión,” ya que la empresa de electricidad es la que ayuda a la agencia a instalar este tipo de artefactos de vigilancia.
“En medio de la noche, la policía de Memphis o los federales colocaron esta caja discreta frente al domicilio registrado del activista local y organizador principal de Fight for $15, Antonio Blair.” Escribió Hunter Demster, activista, en un post que compartió en Facebook. “Sin marcas fuera de la caja excepto Alto Voltaje. La cámara está oculta detras de un cristal negro. Como pueden ver, es una cámara con un zoom de 20x bastante potente dirigida directamente a su casa.”
La cámara fue retirada por la policía de Memphis un día después de ser denunciada, según los mismos activistas.
¿Por qué debería importar esta información?
Las tácticas de vigilancia e intimidación de la Policía de Memphis no solo violan los derechos constitucionales de libre expresión garantizados por las constituciones tanto de Tennessee como de los Estados Unidos, sino que también violan los términos y condiciones de una Orden de Consentimiento de 1978 que permanece en pleno vigor y efecto.
Esta también es una táctica de vigilancia que está siendo usada por otras agencias, incluida Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Agencias como la DEA y ICE han ocultado una serie de cámaras de vigilancia encubiertas dentro de las luces de la calle en todo el país, esto según documentos de contrataciones federales. Por declaraciones hechas por parte de MLGW esta semana, podemos deducir que la policía de Memphis no es diferente en este aspecto.
El ataque a la libertad de expresión y libertad de prensa ha aumentado bajo la administración de Trump. En los primeros 205 días de este año, se registraron 50 detenciones de profesionales de medios (reporteros, fotógrafos, camarógrafos) por parte de la policía. Esto es lo equivalente a un periodista cada cuatro días. Esta es una cifra sin precedentes en la historia reciente de Estados Unidos y una historia lamentablemente común bajo la administración de Trump, que no ha cesado de atacar las libertades civiles desde su primer día en el puesto.
Por supuesto, nada de esto es nuevo. En 2017, la Ciudad de Memphis fue demandada por una organización de trabajadores de comida rápida, Fight for $15 (Lucha por $15). La demanda federal alegaba que oficiales de policía de Memphis vigilaban las casas de los activistas, impedía a los trabajadores firmar peticiones de salario mínimo en restaurantes de comida rápida y señalaban a los manifestantes según su raza.
A mediados de 2017, Manuel Duran rechazó una petición por parte de la policía de remover una entrevista con una persona que decía haber sido testigo de la colaboración entre la policía local y ICE. Meses más tarde, fue arrestado durante una manifestación pacífica en contra del negocio de las cárceles privadas mientras cubría el evento.
“El Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios.”
– Constitución de los Estados Unidos de América 1787
Las prácticas de vigilancia, la cultura de represalia en contra de activistas y periodistas, y la obsesión por “la ley y el orden” es algo que tienen en común el actual presidente de Estados Unidos y el alcalde de Memphis, Jim Strickland. Estas no solo van en contra de la constitución de este país sino que además, estas prácticas han demostrado, a lo largo de la historia, que en lugar de ser de beneficio para una comunidad, coartan las libertades y por ende el funcionamiento colectivo de la sociedad.
