TENNESSEE — La Patrulla de Carreteras de Tennessee (THP, por sus siglas en inglés) ha formalizado un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para operar bajo el programa federal 287(g), en una acción que expande significativamente la vigilancia migratoria en todo el estado. A diferencia del modelo carcelario utilizado por algunas jurisdicciones como el Condado de Knox, este nuevo acuerdo adopta el modelo de grupo de trabajo, considerado por expertos como el más intrusivo.
El programa 287(g), impulsado durante la administración Trump, busca que agencias locales y estatales colaboren directamente con ICE en la aplicación de leyes migratorias. Hasta ahora, el Condado de Knox venía participando en este programa bajo el modelo carcelario, que permite interrogar a inmigrantes detenidos en la cárcel.
Sin embargo, el acuerdo con la Patrulla de Carreteras representa un giro decisivo: este cuerpo estatal ahora tiene la facultad de interrogar a personas sobre su estatus migratorio en todo Tennessee, incluso si no han sido arrestadas ni están bajo custodia por algún delito.
Un nuevo nivel de vigilancia en las calles:
“El modelo carcelario comienza cuando una persona ya ha sido arrestada y se encuentra bajo custodia. Es ahí cuando se pueden hacer preguntas sobre su estatus y contactar a ICE si se considera necesario”, explicó el abogado de inmigración Omar Reyes.
En contraste, bajo el modelo de grupo de trabajo, agentes pueden interrogar a cualquier persona durante una parada de tráfico, caminando por la calle o en operativos especiales, independientemente de que haya cometido alguna infracción. “Esto puede llevar fácilmente a la discriminación racial”, advirtió Reyes.
Este modelo ya había sido eliminado gradualmente en 2012 por la administración Obama debido a múltiples demandas por violaciones de derechos civiles. Su reactivación por parte de Tennessee ha despertado preocupación entre defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y abogados migratorios.
Derechos vigentes, pese al endurecimiento:
El abogado Reyes fue enfático al señalar que, a pesar de esta ampliación en las facultades de los agentes estatales, los derechos constitucionales siguen vigentes. Las personas tienen la obligación de presentar su licencia de conducir, seguro y registro del vehículo si son detenidas. Pero también tienen el derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse y a contar con representación legal.
Además, Reyes explicó que muchas personas que ingresan al país para solicitar asilo lo hacen legalmente. “No todos vienen a delinquir. Muchos huyen de persecución. El sistema permite que soliciten asilo y esperen el resultado”, dijo. No obstante, reconoció que el proceso puede ser mal utilizado si no existe un control eficiente.
“No apruebo la violencia, ni que criminales se queden en este país. Ellos deben ser deportados. Pero también debemos proteger los derechos de quienes tienen un reclamo legítimo para quedarse”, afirmó Reyes.
Implicaciones a nivel estatal
Este nuevo acuerdo coloca a Tennessee entre los pocos estados que aún implementan el modelo de grupo de trabajo del 287(g). En la mayoría del país, este modelo ha sido abandonado por su historial de abusos y por representar una carga administrativa y legal para las agencias estatales.
Ahora, con la Patrulla de Carreteras habilitada para actuar como brazo migratorio en todo el estado, miles de residentes muchos de ellos con décadas de vida en Tennessee podrían estar expuestos a interrogatorios e investigaciones sin haber cometido ningún delito.
Organizaciones de derechos civiles ya comienzan a preparar estrategias de defensa y campañas informativas para las comunidades más vulnerables.
