LITTLE ROCK, Arkansas. – Un nuevo proyecto de ley promovido por la gobernadora Sarah Huckabee Sanders ha encendido el debate sobre la participación de las fuerzas del orden en la aplicación de leyes migratorias.
La legislación, conocida como el Proyecto de Ley 426 del Senado, también llamada “Ley de Defensa contra los Indocumentados Criminales”, busca endurecer sanciones contra inmigrantes indocumentados que cometan delitos en Arkansas y ampliar la prohibición de las llamadas ciudades santuario a condados y municipios.
Sin embargo, organizaciones en defensa de los inmigrantes han expresado su preocupación, argumentando que la medida podría erosionar la confianza de la comunidad en la policía local y poner en riesgo la seguridad pública.
“Estamos decepcionados de que políticamente estemos en un momento en el que se percibe la necesidad de una ley como esta”, señaló Mireya Reith, directora ejecutiva de Arkansas United, una organización de apoyo a los inmigrantes en el estado.
¿Qué establece el Proyecto de Ley 426?
La propuesta legislativa impulsada por Sanders aumentaría las penas para inmigrantes indocumentados que cometan delitos adicionales en Arkansas y exigiría que todos los sheriffs del estado participen en un programa de colaboración con autoridades federales de inmigración.
Según la gobernadora, esta legislación responde a una tendencia nacional y tiene como objetivo “responsabilizar a los inmigrantes indocumentados criminales violentos por sus crímenes”.
Pero para grupos como Arkansas United, la medida podría traer consecuencias adversas.
“Tememos que este proyecto de ley haga que nuestro trabajo sea más difícil y, lo que es más importante, afecte negativamente la seguridad de la comunidad”, advirtió Reith.
Uno de los principales temores es que el miedo a ser detenido o deportado lleve a los inmigrantes a evitar reportar crímenes o colaborar con las autoridades en casos de tráfico de personas, violencia doméstica o delitos graves.
Impacto en la comunidad inmigrante
Desde que se presentó la propuesta en enero, la comunidad inmigrante en Arkansas ha estado en “alerta máxima”, según Reith. Su organización ha trabajado para educar a los inmigrantes sobre la diferencia entre las agencias de inmigración federales y la policía local, con el fin de evitar confusiones y temores innecesarios.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han solicitado enmiendas al proyecto de ley, específicamente para excluir a las fuerzas del orden estatales y locales de la aplicación de leyes migratorias, y evitar que la policía comunitaria se convierta en una extensión de las agencias federales de inmigración.
El proyecto de ley está patrocinado por el senador Bart Hester, de Cave Springs, y la representante estatal Frances Cavenaugh, de Walnut Ridge. Su futuro aún depende del debate en la legislatura estatal.
Mientras tanto, Arkansas United y otras organizaciones pro-inmigrantes continuarán presionando para que la ley no afecte los derechos y la seguridad de la comunidad inmigrante en el estado.
