NASHVILLE, Tennessee — A partir del 1 de enero, una nueva ley en Tennessee marcará una diferencia visible —y polémica— entre ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales al momento de obtener una identificación o licencia de conducir.
La legislación establece que toda persona que renueve o restablezca una identificación o licencia después de Año Nuevo deberá presentar prueba de ciudadanía estadounidense. Quienes no puedan hacerlo, aun siendo residentes legales permanentes, recibirán una identificación temporal con un diseño distinto a la de los ciudadanos.
La ley deja claro que quienes posteriormente obtengan la ciudadanía podrán presentar la documentación correspondiente “en cualquier momento” para acceder a una licencia regular, según el resumen del proyecto aprobado por el estado.
Hasta ahora, Tennessee ya emitía identificaciones temporales a personas que no son ciudadanas, pero cuya presencia en el país ha sido autorizada por el gobierno federal para un propósito específico y por un periodo determinado. Sin embargo, el nuevo cambio va más allá: esas identificaciones temporales no serán consideradas válidas cuando el derecho o beneficio sea exclusivo de ciudadanos estadounidenses.
Uno de esos puntos es el derecho al voto. El proyecto de ley subraya que las identificaciones temporales deberán incluir un distintivo visual que las diferencie claramente de las emitidas a ciudadanos, precisamente para evitar confusiones en procesos donde se exige ciudadanía.
No obstante, la ley también revive un debate que ya ha sido ampliamente analizado. Los extranjeros no ciudadanos —incluidos los residentes permanentes legales— no pueden votar en elecciones federales, estatales ni en la mayoría de las elecciones locales. Y, según expertos, el problema que se intenta corregir prácticamente no existe.
“El fraude electoral por parte de extranjeros es extremadamente raro”, señala el Instituto de Política Migratoria. La organización asegura que no hay evidencia de que inmigrantes indocumentados, residentes permanentes o personas con visas temporales estén votando, pese a afirmaciones recurrentes de que “millones” de extranjeros participan ilegalmente en elecciones.
El instituto recuerda además que cualquier extranjero que intente registrarse para votar o que vote de manera ilegal se expone a penas de hasta cinco años de prisión, con consecuencias severas que pueden incluir la deportación.
Mientras la nueva ley entra en vigor, organizaciones comunitarias y defensores de inmigrantes advierten que el impacto no será solo administrativo, sino también simbólico: una identificación distinta que, para muchos, refuerza una división que ya se siente en la vida diaria.
