El gobernador de Tennessee, Bill Lee, firmó una nueva ley que podría abrir la puerta a la destitución de jueces estatales que no cooperen con las autoridades federales de inmigración.
La legislación, impulsada por el representante republicano Rick Scarbrough, de Oak Ridge, y el senador Paul Rose, de Covington, ordena que todos los tribunales del estado colaboren con el Departamento de Seguridad Nacional y con agencias federales de inmigración, incluyendo el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La medida establece que cualquier juez que “obstaculice las operaciones legales” de las autoridades migratorias podría ser referido ante la junta estatal de supervisión judicial por presunta mala conducta. El proceso podría terminar con la destitución del juez de su cargo.
Sin embargo, la ley no especifica qué acciones serían consideradas como obstrucción. Durante el debate legislativo, los promotores del proyecto evitaron responder directamente si la propuesta surgió a raíz de algún incidente específico ocurrido en Tennessee.
“No puedo referirme a un evento específico, pero me gustaría considerar que se trata de un proyecto de ley proactivo”, expresó Scarbrough durante la sesión legislativa. “Nada es más perjudicial ni vergonzoso para cualquier agencia que descubrir que no cuenta con una política para abordar una situación determinada”.
La aprobación de la ley ocurre en medio de crecientes tensiones por los operativos migratorios realizados en tribunales del estado. En los últimos meses, agentes de ICE llevaron a cabo arrestos masivos de personas que acudían a responder citaciones por infracciones de tránsito y delitos menores en los condados de Robertson y Wilson.
Tras esos operativos, funcionarios judiciales de ambos condados evitaron responder preguntas del medio Tennessee Lookout sobre posibles acuerdos o niveles de cooperación entre jueces y autoridades migratorias.
Mientras tanto, la Oficina Administrativa de los Tribunales de Tennessee, encargada de supervisar el funcionamiento del sistema judicial estatal, también rechazó emitir comentarios sobre la nueva legislación.
El proyecto enfrentó obstáculos en la recta final de la sesión legislativa, luego de que el Senado intentara suavizar parte de su lenguaje. Finalmente, los legisladores alcanzaron un acuerdo que incluyó una cláusula para que la ley expire el 1 de febrero de 2029, lo que permitió asegurar su aprobación definitiva.
La medida ya genera preocupación entre sectores legales y defensores de inmigrantes, quienes cuestionan hasta dónde podría llegar la presión política sobre los jueces en asuntos relacionados con inmigración.
