Memphis, TN — Los vecinos y activistas que pedían detener temporalmente el desarrollo de centros de datos salieron del Ayuntamiento sin la pausa que habían reclamado. El Consejo Municipal de Memphis rechazó la noche del martes 20 de octubre una propuesta de moratoria de un año, mientras aprobó por separado una medida para regular estas instalaciones.
La decisión dejó escenas de enojo y frustración entre quienes acudieron a la sesión para exigir mayores garantías para sus comunidades. Para estos residentes, el crecimiento de los centros de datos mantiene abiertas preguntas sobre la calidad del aire, el ruido y el uso de recursos como el agua y la electricidad.
La moratoria habría suspendido temporalmente la recepción, tramitación y aprobación de permisos relacionados con nuevos desarrollos, incluidos los de zonificación, uso del suelo, construcción e infraestructura. Su rechazo cerró esa propuesta de pausa de un año.
En cambio, con siete votos a favor y cinco en contra, los concejales aprobaron una medida que establece regulaciones para la ubicación, construcción, ampliación, modificación y funcionamiento de los centros de datos.
Esa votación también generó cuestionamientos dentro del consejo. J.B. Smiley y Jerri Green señalaron que recibieron el documento poco antes de la reunión y que era la primera vez que lo revisaban. Sus observaciones añadieron otra preocupación al debate: el tiempo disponible para examinar las disposiciones sometidas a votación.
Desde antes del comienzo de la sesión, programada para las 4 de la tarde, manifestantes se habían congregado frente al Ayuntamiento con pancartas para pedir una moratoria. La movilización ocurrió dos semanas después de la reunión del 6 de octubre, cuando el consejo aplazó la decisión en medio de una jornada de tensión.
El reclamo comunitario se ha mantenido desde la llegada de las instalaciones de xAI al sur de Memphis. Residentes de sectores como Boxtown y Whitehaven han expresado preocupación por las emisiones de los equipos utilizados para generar energía, el ruido y las consecuencias que estos proyectos puedan tener sobre su salud y sus vecindarios.
Después del aplazamiento de principios de octubre, el alcalde Paul Young emitió una orden ejecutiva para estudiar durante 90 días posibles medidas de protección y formular recomendaciones al consejo y a otras entidades. Ese proceso es independiente de la moratoria de un año que fue rechazada este martes.
La discusión también ha trascendido el ámbito municipal. La candidata republicana a la gobernación, Marsha Blackburn, sostuvo que las empresas deben pagar los costos de sus instalaciones sin trasladar esa carga a los ciudadanos. También mencionó la necesidad de atender el ruido y las preocupaciones ambientales.
Green, concejala y candidata demócrata a la gobernación, insistió en que las regulaciones deben estar definidas antes de permitir que estos proyectos sigan avanzando, y cuestionó sus posibles efectos sobre los recursos y el empleo.
Aunque la votación resolvió el destino de la propuesta de moratoria, las inquietudes que llevaron a los vecinos al Ayuntamiento continúan. La atención pasa ahora al alcance de las regulaciones aprobadas y a cómo responderán a las preocupaciones de las comunidades que conviven con estas instalaciones.
