Las decisiones sobre quién debe patrullar los vecindarios de Memphis y hasta dónde debe llegar la colaboración de la policía con las autoridades migratorias forman parte de lo que estará en juego en las próximas elecciones de Tennessee. Los candidatos presentan diferencias sobre el uso de recursos estatales, la intervención de la Guardia Nacional y la autonomía de los gobiernos locales.
Para la ciudad, el debate tiene consecuencias que van más allá de las campañas. La próxima administración estatal podrá influir en las tareas de la Patrulla de Carreteras de Tennessee, conocida como THP, y en el respaldo que el estado brinde a las políticas migratorias del Gobierno federal.
Las posiciones de los aspirantes fueron documentadas por la periodista Sarah Grace Taylor, de Nashville Banner, mediante cuestionarios y entrevistas. Esa información permite identificar dos propuestas distintas para el futuro de Memphis: mantener y ampliar la intervención estatal o limitarla para devolver mayor capacidad de decisión a las comunidades. tfpdev.wehco.com
La senadora Marsha Blackburn, candidata republicana a gobernadora, ha defendido al Memphis Safe Task Force y su colaboración con la administración del presidente Donald Trump. La aspirante presenta al grupo interinstitucional como un resultado positivo de la coordinación entre autoridades y respalda una participación activa del estado en las acciones migratorias.
Blackburn también ha señalado que consideraría utilizar a la Guardia Nacional en otras iniciativas dentro de Tennessee, tomando como referencia los resultados que atribuye a su presencia en Memphis.
La candidata demócrata Jerri Green, integrante del Concejo Municipal de Memphis, cuestiona ese enfoque. Considera inadecuado utilizar recursos de la Guardia Nacional para patrullar comunidades y ha planteado objeciones constitucionales al empleo de fuerzas militares en tareas de vigilancia de la población.
Green sostiene que la seguridad debe apoyarse en oportunidades para los habitantes y ha señalado que limitar la intervención del estado en las decisiones locales sería una prioridad si llega a la gobernación.
La elección del sustituto de Bill Lee tendrá peso en esta discusión. El gobernador dirige la THP y tiene autoridad sobre la Guardia Nacional cuando opera bajo mando estatal. Sin embargo, cualquier cambio también dependerá de las leyes vigentes y de las decisiones de otras autoridades.
Uno de los puntos centrales es el programa federal 287(g), que permite a determinados agentes estatales y locales ejercer funciones migratorias después de recibir capacitación y autorización de ICE. Según el tipo de acuerdo, esas funciones pueden realizarse dentro de centros de detención o durante labores policiales habituales, bajo supervisión federal. www.ice.gov
La discusión no se limita a colaborar con Washington. También implica determinar si las autoridades locales pueden establecer sus propias prioridades o si deben seguir instrucciones impuestas desde el gobierno estatal.
De acuerdo con el reportaje de Nashville Banner, los legisladores de Tennessee han ampliado las obligaciones de cooperación migratoria y aprobado medidas que contemplan consecuencias económicas y, en determinados casos, penales por incumplimiento. Ese avance del poder estatal sobre las decisiones locales es uno de los asuntos que divide a los candidatos.
Entre los independientes, David Hatley apoya la participación del estado en la deportación de personas sin autorización migratoria que cometan delitos violentos. Lauren Pinkston respalda la cooperación legal contra el tráfico de personas y de drogas, pero rechaza que la THP participe en el programa 287(g), según las posiciones recopiladas por el medio.
En las contiendas legislativas también aparecen diferencias sobre cómo utilizar los recursos policiales.
Mark Proctor, capitán retirado de la THP y candidato al Distrito 59 de la Cámara estatal, plantea que los agentes deben concentrarse en prevenir delitos, responder a emergencias y atender las amenazas más graves para la población. Su postura incluye preocupaciones sobre la actuación policial durante operativos migratorios.
En el Distrito 55, el representante demócrata John Ray Clemmons sostiene que corresponde al Gobierno federal resolver los problemas del sistema migratorio. Su rival republicana, Jayla Thomas, defiende la cooperación estatal cuando la ley lo permita, pero afirma que debe mantenerse dentro de los límites constitucionales.
En el Distrito 52, la republicana Michelle Vetter favorece una mayor participación en el programa 287(g). El representante demócrata Justin Jones, quien busca la reelección, se ha opuesto a la intervención estatal en asuntos migratorios y a las medidas que desplazan la autoridad de los gobiernos locales.
Estas diferencias colocan ante los votantes una decisión sobre el rumbo de la seguridad pública: qué responsabilidades deben asumir los agentes, cómo se utilizarán los recursos estatales y qué margen tendrán las ciudades para responder a sus propias necesidades.
En Memphis, donde las labores policiales y los operativos migratorios forman parte de una misma discusión pública, el resultado electoral puede influir en la relación cotidiana entre las autoridades y las comunidades a las que deben servir.
