La Fiscal General Pam Bondi llegó este lunes a Memphis acompañada por líderes estatales y federales para presentar las cifras más recientes del Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis. Cifras que, según ella, muestran una reducción significativa de la delincuencia… pero que dejan abiertas preguntas sobre el costo humano de este operativo sin precedentes.
Bondi detalló que, tras 56 días del aumento conjunto de agentes federales y estatales, los homicidios habrían disminuido en un 48%, las agresiones sexuales en un 49% y los robos en un 61%.
“Este aumento en Memphis ha reducido drásticamente la delincuencia”, afirmó. “Tolerar la delincuencia es una opción. Esta administración elige la ley y el orden”.
También aseguró que 121 niños reportados como desaparecidos y en peligro fueron localizados y llevados a un lugar seguro. Durante este operativo se habrían realizado más de 3,600 arrestos y 531 armas fueron incautadas. Además, 157 personas enfrentan cargos federales.
Sin embargo, Memphis Noticias no pudo verificar estas cifras de manera independiente, un punto importante en medio de un clima de tensión y desconfianza.
En la conferencia también estuvieron presentes los senadores Marsha Blackburn y Bill Hagerty, quienes, según Bondi, habían estado presionando para ampliar la intervención federal desde antes de que ella asumiera.
“El objetivo es convertir a Memphis en la ciudad más segura de Estados Unidos”, aseguró Blackburn. “Memphis puede ser un modelo para el resto del país”.
Bondi agradeció tanto a líderes estatales republicanos como al alcalde de Memphis, Paul Young, y a la jefa de policía C.J. Davis, destacando la cooperación bipartidista.
El director del HUD, Scott Turner, anunció una línea directa para que residentes de vivienda pública denuncien delitos: 1-800-347-3735.
Pero mientras las autoridades celebran avances, la realidad en las calles —particularmente para comunidades inmigrantes y de minorías— pinta un cuadro más complejo.
La presentación ocurre días después de que un juez ordenara bloquear el uso de la Guardia Nacional en Memphis… solo para suspender temporalmente su propia orden y permitir al estado apelar.
La oficina del gobernador respondió: “La Guardia Nacional de Tennessee continuará operando como parte del Grupo de Trabajo mientras el caso esté en apelación”.
Un memorando del Departamento de Guerra, obtenido, revela que el Secretario de Guerra Pete Hegsethestaría dispuesto a enviar hasta 1,000 efectivos de la Guardia Nacional hasta septiembre del próximo año. El despliegue podría costar hasta $226 millones anuales.
Hegseth argumenta que Memphis enfrenta “una convergencia de amenazas” que supera la capacidad local. Pero para muchos residentes, esta explicación no justifica el impacto en su vida diaria.
Memphis ciudad mayoritariamente afroamericana y hogar de una creciente comunidad latina— vive un clima de preocupación.
Organizaciones civiles aseguran que el grupo de trabajo intimida a minorías y afecta desproporcionadamente a inmigrantes, incluso aquellos con años de vivir aquí, trabajar aquí y contribuir a la economía local.
Algunos han dejado de ir a trabajar, otros evitan supermercados, iglesias o restaurantes por miedo a ser detenidos injustamente. A finales de octubre, las propias estadísticas oficiales reportaban 319 arrestos por órdenes administrativas, vinculadas a asuntos migratorios.
Aquí, como periodista y como inmigrante, es imposible ignorar el peso de estas voces. La seguridad es un derecho, sí. Pero también lo es vivir sin miedo a ser perfilado por el color de la piel o el acento con el que se habla español.
Los efectos del operativo también golpean a los tribunales y al sistema carcelario. Las largas filas en los juzgados de tráfico provocan ausencias laborales y retrasos en trámites importantes.
El aumento de expedientes está obligando a reclusos a esperar días adicionales por audiencias de fianza.
El alcalde del condado de Shelby ha pedido más jueces, mientras se evalúa abrir juzgados noches y fines de semana para manejar la carga, una medida costosa pero urgente.
En la cárcel del condado, el hacinamiento es tan grave que reclusos están durmiendo en sillas mientras esperan espacio. Las autoridades piden fondos para contratar personal penitenciario adicional.
El debate continúa. Para unos, el operativo representa una oportunidad real de reducir la violencia que ha afectado por años a Memphis. Para otros, especialmente inmigrantes y comunidades minoritarias, la presencia militarizada solo incrementa el temor y expone vulnerabilidades.
Y al final, la pregunta persiste:
¿Podemos construir una ciudad más segura sin sacrificar los derechos de quienes ya cargan con más peso que nadie?
