MASON, Tennessee — En un pueblo rodeado de campos de algodón y tierras de cultivo, a menos de una hora al norte de Memphis, el debate nacional sobre inmigración tocó tierra firme. El martes por la noche, el ayuntamiento de Mason aprobó convertir la antigua prisión del Oeste de Tennessee en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En una reunión marcada por tensiones y opiniones encontradas, la junta municipal votó dos contratos clave: uno con la empresa privada CoreCivic, que administrará las instalaciones, y otro con ICE. El acuerdo con CoreCivic recibió cuatro votos a favor, tres en contra y dos abstenciones; el contrato con ICE fue aprobado por tres votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.
“Estamos tratando de que Mason vuelva a encaminarse”, dijo el alcalde Eddie Noeman, convencido de que este proyecto traerá fondos para mejorar la ciudad.
Empleos y dinero… y una comunidad dividida:
CoreCivic, una de las mayores empresas privadas de prisiones en el país, aseguró que el centro generará cerca de 240 nuevos empleos con un salario inicial de $26.50 por hora para agentes de detención. Además, dejaría en las arcas municipales $325,000 en impuestos anuales sobre la propiedad y una cuota de impacto de $200,000 que podría destinarse a escuelas, infraestructura y otros proyectos.
La empresa afirma que ya recibió más de 3,300 solicitudes de empleo de unas 2,100 personas, muchas residentes locales. “Eso dice mucho del vacío que quedó en la comunidad cuando finalizó el contrato en 2021 y del deseo de empleos bien remunerados”, declaró un portavoz de CoreCivic.
Entre los beneficios ofrecidos están seguro médico, dental y de la vista, plan 401(k) con aportación equivalente, licencias remuneradas, programas de asistencia al empleado y becas para matrícula.
El discurso de CoreCivic:
En un comunicado, CoreCivic insistió en que su papel en el sistema migratorio es “limitado pero importante”, sin importar el partido que gobierne en Washington. Aseguró que no aplica leyes migratorias ni decide quién es detenido o deportado, y que su responsabilidad es “atender a cada persona con respeto y humanidad” mientras recibe el debido proceso legal.
“No se trata de derechos humanos; no tenemos nada que ver con eso. El pueblo de Mason no tiene nada que ver con lo que sucede en el centro”, dijo el alcalde Noeman, defendiendo la decisión.
La oposición: “No todo el dinero es bueno”
La sala estuvo llena de voces contrarias. Decenas de residentes se presentaron para rechazar el proyecto, alegando que no todo el dinero beneficia a la comunidad y señalando denuncias previas sobre el trato a detenidos en centros de ICE.
“La gente habla de dinero, tanto bueno como malo, pero ¿cómo vamos a construir nuestra ciudad si no tenemos dinero para hacerlo?”, cuestionó un residente que apoya el plan.
Mientras unos ven en el centro una oportunidad de empleo y desarrollo, otros lo perciben como una mancha moral para la ciudad.
Sin fecha de apertura:
No hay un cronograma claro para el inicio de operaciones. Según el alcalde, podrían pasar al menos tres meses antes de que ingresen detenidos.
La vieja prisión, cerrada hace pocos años, vuelve a estar en el centro de la conversación. Esta vez, con un nuevo inquilino y un viejo dilema: ¿cuánto vale el progreso de una ciudad y a qué precio?
