A pocos días de que se cumpla un año del inicio del Memphis Safe Task Force, líderes religiosos de distintas partes de Tennessee llegaron a Memphis para pedir el fin de la participación de la Guardia Nacional y de las agencias federales en el operativo.
El reclamo surgió durante la Cumbre de Solidaridad 2026, un encuentro que reunió durante el fin de semana a líderes religiosos, organizaciones comunitarias y activistas en Memphis.
La actividad fue organizada por la Tennessee Unitarian Universalist Community Action Network (TUUCAN), UU the Vote y la Coalición Interreligiosa de Memphis para la Acción y la Esperanza (MICAH).
Los participantes realizaron jornadas de capacitación y organización en la Iglesia Unitaria Universalista Neshoba, en Cordova, y posteriormente llevaron su mensaje al Museo Nacional de Derechos Civiles.
Para los organizadores, la elección de Memphis no fue casual. La ciudad se ha convertido en uno de los principales escenarios del despliegue de fuerzas federales y estatales que comenzó en septiembre de 2025.
Durante el encuentro, la reverenda Sarah Osborne, ministra de atención pastoral de la Iglesia Neshoba UU, cuestionó el impacto que, según afirmó, ha tenido el operativo en las familias de Memphis, particularmente en las comunidades inmigrantes.
Osborne sostuvo que la separación de familias y las muertes ocurridas durante algunos operativos han incrementado el temor entre residentes.
“Para nosotros, ya es suficiente”, expresó la religiosa al llamar a otros líderes y miembros de la comunidad a involucrarse.
Los organizadores de la cumbre han utilizado el término “Memphis Unsafe Task Force” para referirse al Memphis Safe Task Force, como una forma de expresar su desacuerdo con la operación.
Los líderes religiosos también cuestionaron la magnitud de las operaciones realizadas durante el último año.
Según las cifras presentadas durante la cumbre, el grupo de trabajo ha realizado 20,426 arrestos y más de 187,000 detenciones de tránsito, además de emitir una cantidad similar de multas vehiculares.
Los organizadores sostienen que estos números no demuestran necesariamente una relación directa entre el tamaño del operativo y una mayor seguridad para la población.
También mencionaron el operativo realizado el pasado 30 de agosto en una discoteca de Memphis, donde 121 personas fueron detenidas. De acuerdo con las cifras citadas por los participantes, cinco de esas personas tenían antecedentes penales previos.
Ese operativo provocó posteriormente cuestionamientos de organizaciones comunitarias sobre el uso de órdenes judiciales, la participación de diferentes agencias y el impacto de las detenciones en la comunidad inmigrante.
Otro de los temas centrales de la cumbre fueron seis muertes que los organizadores relacionaron directamente con persecuciones u operaciones de agencias participantes en el grupo de trabajo.
Los casos mencionados fueron los de Kevyon Jackson, Darrin Pigram, Jonah Neal, Tyrin Johnson, Alfonso Ivy y Reggie Pederson.
Las circunstancias no son iguales en cada uno de los casos y varias de las investigaciones han sido objeto de atención de las autoridades estatales y federales.
Uno de los casos que más cuestionamientos ha generado es el de Tyrin Johnson, quien murió después de recibir disparos de miembros de la Guardia Nacional de Tennessee durante un incidente ocurrido en julio.
Posteriormente, el reporte de autopsia estableció que Johnson recibió un disparo que ingresó por la espalda. El resultado generó nuevas preguntas sobre la versión inicial ofrecida por las autoridades.
En el caso de Alfonso Ivy, la Oficina de Investigación de Tennessee investiga el tiroteo ocurrido durante un operativo de la DEA en East Memphis.
Los organizadores utilizaron estos casos para argumentar que la presencia de fuerzas militares y federales ha tenido consecuencias que, desde su perspectiva, deben ser revisadas.
La discusión también alcanza el aspecto económico.
Los participantes citaron un análisis de Smart City Memphis, que calcula que el despliegue de la Guardia Nacional podría representar un costo aproximado de 319 millones de dólares para finales de 2026.
El cálculo no incluye, según los organizadores, todos los gastos relacionados con las agencias federales y estatales que participan en el operativo.
Smart City Memphis también ha cuestionado cuánto impacto adicional ha tenido el despliegue militar sobre la reducción de los delitos violentos, tomando en cuenta que la disminución de ciertos delitos comenzó antes de la llegada del grupo de trabajo.
El representante estatal Justin J. Pearson participó en el evento realizado en el Museo Nacional de Derechos Civiles.
Pearson afirmó que el grupo de trabajo ha afectado la confianza entre las comunidades y las autoridades y sostuvo que numerosas familias han sufrido las consecuencias de las operaciones.
El legislador llamó a los asistentes a mantener la organización comunitaria y exigir respuestas a los funcionarios electos.
“Este grupo de trabajo ha sido espantoso en nuestra comunidad y ha lastimado a muchas familias”, afirmó Pearson.
La operación comenzó en Memphis en septiembre de 2025 como parte de un esfuerzo que involucró a agencias federales, estatales y a la Guardia Nacional.
Ahora, mientras se aproxima el primer aniversario, organizaciones religiosas y comunitarias están aumentando sus llamados para que se revise o termine la operación.
Al mismo tiempo, las autoridades han defendido el despliegue como una herramienta para combatir el crimen y reforzar la seguridad en Memphis.
El próximo 30 de septiembre marca una fecha importante para la presencia autorizada de la Guardia Nacional en el operativo.
Más allá de esa fecha, queda por definirse qué agencias permanecerán en Memphis, bajo qué condiciones y cuál será el alcance de las operaciones.
Para los líderes religiosos que participaron en la cumbre, la respuesta debería incluir el retiro de las fuerzas desplegadas y una estrategia de seguridad que, según plantearon, priorice a las comunidades y sus necesidades.
