En silencio, pero con consecuencias claras, el Congreso de Tennessee ha dado luz verde a una legislación que cambia las reglas del acceso a la información pública. Se trata de un proyecto de ley que declara confidenciales los registros vinculados a operativos de control migratorio. Y va más allá: castiga su divulgación como delito grave.
La medida ya fue aprobada tanto por el Senado como por la Cámara de Representantes del estado. Ahora, la decisión final queda en manos del gobernador Bill Lee.
¿Qué significa esto en la práctica?
Que información que antes podía ser solicitada o al menos cuestionada quedará fuera del alcance del público.
El proyecto establece como datos privados:
- El nombre, dirección y cualquier información que identifique a agentes del orden público, ya sean locales, estatales o federales, involucrados en operativos migratorios.
- Detalles específicos de las operaciones: fecha, hora, ubicación, logística y estrategias utilizadas.
Es decir, se cierra la puerta a conocer cómo, cuándo y quién ejecuta estas acciones.
Pero el punto más delicado viene después. Si el gobernador firma la ley, cualquier funcionario público que divulgue esta información enfrentará cargos por delito grave de Clase E. La pena: entre uno y seis años de prisión, además de una multa de hasta 3,000 dólares.
Los impulsores de la propuesta son figuras clave del liderazgo republicano en Tennessee: el representante Cameron Sexton, de Crossville, y el senador Jack Johnson, de Franklin.
Para algunos, la medida busca proteger la seguridad de los agentes y la efectividad de las operaciones. Para otros, plantea una pregunta incómoda: ¿hasta dónde puede limitarse el acceso a la información pública en nombre de la seguridad?
La decisión ahora está en el escritorio del gobernador. Y con ella, el equilibrio entre transparencia y control.
