En medio de un debate cargado de tensiones legales y políticas, la Cámara de Representantes de Tennessee dio luz verde a una medida que podría cambiar el equilibrio de poder en el sistema judicial del estado. La pregunta ahora es inevitable: ¿hasta dónde puede llegar la legislatura para intervenir en decisiones de fiscales electos?
El miércoles, la Cámara de mayoría republicana aprobó con 71 votos a favor y 23 en contra el Proyecto de Ley 483. La propuesta otorga al fiscal general del estado la facultad de auditar al fiscal de distrito del condado de Shelby y, si encuentra “pruebas claras”, solicitar su destitución por negarse a procesar ciertos delitos.
El foco de la medida tiene nombre propio: Steve Mulroy, fiscal del Distrito Judicial 30 y miembro del Partido Demócrata.
Según el texto enmendado, el fiscal general podría pedir a la Corte Suprema de Tennessee el nombramiento de un sustituto si se determina que el fiscal actuó “con base en un criterio injustificable e inconstitucional”, ignorando hechos o circunstancias al decidir no procesar casos.
Mientras tanto, el Senado estatal se prepara para debatir su propia versión del proyecto, impulsada por el senador republicano Brent Taylor, uno de los críticos más abiertos de Mulroy.
Pero no todos están convencidos. Durante el debate, el representante demócrata Torrey Harris, de Memphis, cuestionó la constitucionalidad de la medida. Citó leyes estatales que limitan la capacidad de la legislatura para aprobar normas dirigidas a un solo condado sin su aprobación.
“Sabía que decir públicamente que esto no es constitucional podría afectarles en los tribunales”, advirtió Harris.
Aun así, el representante republicano Andrew Farmer defendió la propuesta. Presentó cifras que, según él, reflejan una falta de acción por parte de la fiscalía: de 514 casos graves, 144 fueron desestimados, 178 terminaron en sentencias suspendidas y solo 84 resultaron en condenas con prisión. No detalló los tipos de delitos incluidos.
La legislación también permitiría al fiscal general revisar a fondo cómo se manejan los casos: acuerdos de culpabilidad, sentencias, desestimaciones y cualquier decisión de no procesar.
En paralelo, los legisladores impulsan otra medida que obligaría a la Fiscalía del Condado de Shelby a reportar el resultado de cada caso vinculado al Grupo de Trabajo de Seguridad de Memphis. Mulroy ha criticado esa iniciativa, calificándola de carga burocrática que desviaría recursos clave.
“El proyecto apunta exclusivamente al condado de Shelby para imponer una supervisión intrusiva y sin precedentes”, señaló Mulroy en un comunicado. También cuestionó que se otorgue un trato especial a ciertos casos sin base legal clara y advirtió que algunas disposiciones podrían ser inconstitucionales.
El fiscal no dejó pasar la ironía: “Por lo demás, es excelente”, dijo.
Actualmente, Tennessee ya cuenta con mecanismos para destituir fiscales por mala conducta, ya sea mediante acciones judiciales, decisiones legislativas o investigaciones de la Junta de Responsabilidad Profesional. Sin embargo, esta nueva medida parece dirigida específicamente a Shelby, lo que podría chocar con la Enmienda de Autonomía Local del estado.
Farmer, por su parte, insistió en que el objetivo es claro: mantener la reducción en los índices de criminalidad en Memphis.
“Este proyecto es un incentivo para que el fiscal actúe correctamente”, afirmó.
El análisis fiscal del proyecto sostiene que su costo sería “insignificante”. Pero Harris no está convencido. Señaló que una auditoría estatal implicaría recursos adicionales y presión sobre el personal de la fiscalía.
Al final, más allá de cifras y discursos, queda una inquietud que resuena en Memphis y más allá: ¿es esto un esfuerzo por fortalecer la justicia… o una intervención política en decisiones locales?
