Florndjie Camey, una mujer haitiana de 31 años, llegó a Estados Unidos con esperanza en el corazón y el respaldo de un patrocinador económico. Dejó atrás la pobreza y la incertidumbre en Fort Liberté, Haití, y encontró empleo como cajera en Miami. Entró al país legalmente, confiando en una política migratoria que, por breve tiempo, ofreció un rayo de esperanza para quienes huían del caos.
Pero esa esperanza comenzó a desvanecerse cuando el expresidente Donald Trump volvió al escenario político con una promesa clara: eliminar el programa de parole humanitario impulsado por la administración Biden. De un plumazo, la legalidad de Camey y de más de un millón de personas se convirtió en una interrogante. ¿Qué pasó con su estatus? ¿Qué pasó con su derecho a trabajar? ¿Y qué pasó con la promesa de centrarse solo en los criminales?
Una estrategia que multiplica la población indocumentada:
La nueva estrategia migratoria impulsada por Trump va más allá de frenar la entrada de inmigrantes: busca revertir permisos ya otorgados, dejando en el limbo legal a cientos de miles. Según expertos, esta política no solo ataca a quienes cruzan la frontera sin autorización, sino también a quienes llegaron con papeles en regla.
“La oleada de políticas de Trump está, intencionadamente, quitando el estatus legal a la gente para que pasen a ser indocumentadas y luego sean blanco fácil de deportación”, aseguró Angela Kelley, asesora del American Immigration Law Center y exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, también fue clara: “La Administración Trump está creando una clase más grande de personas indocumentadas al quitarles su estatus legal y autorización de trabajo de manera anticipada”.
Con esta estrategia, Camey y miles más han quedado expuestos a una deportación acelerada, justo cuando Trump acelera su promesa de expulsar a un millón de inmigrantes por año.
El fin del parole y el inicio de la incertidumbre:
El 30 de mayo, la Corte Suprema autorizó al Gobierno republicano a cancelar el parole humanitario para más de 500,000 personas originarias de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Como consecuencia, también quedaron anulados sus permisos de trabajo.
La secretaria del DHS, Kristi Noem, anunció que los beneficiarios de dicho programa deben “autodeportarse” de inmediato. Una medida que, para muchos, representa una sentencia de retorno al hambre, a la violencia o al olvido.
Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han alzado la voz. Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, denunció: “Ahora les están quitando la alfombra de debajo de los pies violentamente”.
La Administración Trump justifica sus acciones argumentando que el parole dificultó el control fronterizo y permitió fraudes. No obstante, no se han presentado pruebas concluyentes de fallas sistemáticas en el proceso de investigación de los solicitantes.
Más restricciones, menos soluciones:
La política migratoria actual no solo endurece las condiciones para quienes buscan permanecer en Estados Unidos, también ha cerrado las puertas para otros. Más de 900,000 personas que ingresaron por medio de la aplicación CBP One —una herramienta creada por la Administración Biden para gestionar solicitudes de asilo— también han recibido órdenes de abandonar el país.
A muchos de ellos, como a Camey, se les exige encontrar otras vías legales para permanecer. Pero esas rutas también están bajo ataque. El Estatus de Protección Temporal (TPS), que protege contra la deportación y da acceso a un permiso de trabajo, ha sido recortado. Cerca de 350,000 venezolanos podrían perder ese beneficio, al igual que casi 300,000 personas de Afganistán, Camerún y Haití.
Incluso la posibilidad de acceder a visados legales ha sido frenada. “No han hecho nada para facilitar la obtención de visados y han puesto las cosas más difíciles en muchos ámbitos, incluido el de los visados de estudiante”, afirmó Stuart Anderson, de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense.
Anderson criticó que, aunque se habla de expulsiones, no hay propuestas concretas para ampliar las vías legales ni para responder a la necesidad real de mano de obra en sectores clave como la agricultura o la hostelería.
Hacia un futuro más incierto:
Trump también ha puesto en la mira la ciudadanía por nacimiento, amparada por la Constitución. Si logra eliminar este derecho, la población indocumentada crecería en millones en las próximas décadas. Según el Migration Policy Institute, hasta 5.4 millones de personas podrían quedar en situación irregular para 2075.
Cada año, durante cinco décadas, más de 250,000 niños nacidos en suelo estadounidense podrían comenzar su vida sin ciudadanía. Una medida que cambiaría drásticamente la composición y los derechos de futuras generaciones.
Camey, quien ahora espera respuesta a su solicitud de TPS, resume con angustia lo que sienten muchos inmigrantes: “Nunca me quedaría aquí como indocumentada. Lo único que sé es que no volveré a Haití”.
Su historia no es aislada. Es el reflejo de miles que llegaron con la esperanza de reconstruir su vida, pero que ahora enfrentan un futuro cada vez más incierto bajo una política que, en nombre del control, está dejando a más personas fuera del sistema legal.
