EDITORIAL. En Tennessee, el gobernador Bill Lee ha decidido poner a la Guardia Nacional al servicio de ICE, aunque se hable de “tareas administrativas” y no de operativos en la calle. La orden llega bajo el estatus Título 32, con dinero federal y manos estatales, y se justifica en nombre de la seguridad y el cumplimiento de la ley. Sin embargo, para miles de familias inmigrantes, no es un simple movimiento burocrático: es un recordatorio de que la maquinaria migratoria sigue girando, y ahora con refuerzos más cerca que nunca.
La organización Tennessee Immigrant & Refugee Rights Coalition (TIRRC) alzó la voz con firmeza este martes, calificando la medida como una traición a los valores del estado y un peligroso precedente autoritario. “Este es un precedente peligroso que servirá no solo para separar a las familias inmigrantes, sino también para destruir nuestras comunidades y vecindarios”, advirtió la coalición. El corazón de su crítica es claro: usar fuerzas militares estatales para aplicar políticas migratorias federales rompe con la tradición de neutralidad y servicio civil de la Guardia Nacional.
No es casualidad que este movimiento se enmarque en el plan de deportación masiva promovido por Donald Trump, una estrategia que, de concretarse, podría significar la separación forzada de miles de familias trabajadoras en Tennessee, muchas de las cuales llevan décadas construyendo su vida aquí. Para TIRRC, el gobernador está priorizando una agenda que demoniza comunidades enteras mientras la mayoría de las personas del estado lucha por cubrir necesidades básicas como comida, empleo, educación y salud.
Voces religiosas también han levantado su protesta. Un líder de fe lo dijo sin rodeos: la misión de la Guardia Nacional es proteger a los ciudadanos, no ser usada como herramienta de persecución. “Como líder religioso llamado a amar al prójimo como a mí mismo, me preocupa profundamente la decisión del gobernador Lee. Esta acción representa una traición fundamental a nuestros valores y un uso indebido de los recursos destinados a proteger a todos los habitantes de Tennessee.”
La coalición lo resume en una pregunta que retumba: “¿Somos un pueblo que protege a nuestra nación viviendo a la altura de nuestros más altos ideales de libertad y justicia, o la protegemos mediante el miedo y la división?” Y junto con ello, un llamado directo: revertir la decisión, apostar por la justicia, no por el miedo. Porque la Guardia Nacional no se alistó para esto.
Es cierto, no habrá soldados tocando puertas… al menos eso se dice. Pero cada base de datos actualizada y cada expediente procesado más rápido acerca a una familia a la separación. Las leyes cambian, los gobiernos pasan, pero las heridas que deja el miedo tardan generaciones en sanar. Tennessee tendrá que decidir pronto si quiere ser recordado como un estado que protegió a su gente o como uno que, bajo la bandera de la seguridad, usó sus propias manos para romper el corazón de sus comunidades.
