La decisión del alto tribunal anula una orden federal que protegía temporalmente a presuntos miembros del Tren de Aragua, abriendo la puerta a expulsiones inmediatas.
En una decisión que podría tener amplias repercusiones para miles de inmigrantes detenidos, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes que la administración del expresidente Donald Trump continúe con las deportaciones rápidas de ciertos migrantes bajo la polémica Ley de Enemigos Extranjeros (Alien Enemies Act, AEA por sus siglas en inglés).
La resolución revierte una orden previa del juez federal James Boasberg, quien había bloqueado la expulsión de varios ciudadanos venezolanos señalados como presuntos integrantes de la organización criminal Tren de Aragua. Boasberg argumentaba que las expulsiones no cumplían con los requisitos constitucionales del debido proceso.
Sin embargo, en una opinión mayoritaria, los magistrados del máximo tribunal argumentaron que los detenidos aún tienen acceso a mecanismos legales para impugnar su detención y deportación. “Independientemente de si los detenidos solicitan formalmente la liberación del confinamiento, dado que sus solicitudes de amparo implican necesariamente la invalidez de su confinamiento y expulsión bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, sus solicitudes se enmarcan en el núcleo del recurso de hábeas corpus y, por lo tanto, deben interponerse mediante habeas corpus”, escribieron.
Aun así, el fallo también establece límites. El Tribunal ordenó que los migrantes detenidos bajo esta ley deben ser notificados adecuadamente de su situación legal antes de ser deportados, lo cual representa un freno parcial a las medidas de expulsión inmediata. “Los detenidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros deben recibir notificación después de la fecha de esta orden de que están sujetos a expulsión. La notificación debe ser proporcionada dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita solicitar el amparo de hábeas corpus en la jurisdicción correspondiente antes de que dicha expulsión ocurra”, concluyeron los jueces.
La Ley de Enemigos Extranjeros, vigente desde 1798 pero rara vez invocada en la era moderna, permite al gobierno federal detener y expulsar a ciudadanos extranjeros de países con los que Estados Unidos esté en conflicto. Aunque no se ha declarado guerra formal contra Venezuela, el gobierno de Trump argumentó que ciertos actores dentro del régimen venezolano representan una amenaza directa a la seguridad nacional.
Este fallo genera nuevas tensiones en torno al uso de leyes históricas para enfrentar fenómenos migratorios contemporáneos. Grupos defensores de los derechos civiles han calificado el uso de la AEA como una estrategia “arbitraria y peligrosa”, señalando que pone en riesgo los derechos fundamentales de personas que aún no han sido acusadas formalmente de delitos.
Mientras tanto, en los centros de detención, la incertidumbre reina. Muchos detenidos aún no han recibido información clara sobre su situación jurídica, y los abogados migratorios se preparan para una oleada de recursos de hábeas corpus en las próximas semanas.
Este nuevo capítulo en la política migratoria estadounidense refleja no solo una intensificación del control fronterizo, sino también un giro legal que revive viejas leyes con consecuencias profundas y humanas.
