La tranquilidad apenas duró unas semanas. La incertidumbre volvió a apoderarse de más de 54,000 hondureños y nicaragüenses con Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos, luego de que la Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito, en San Francisco, autorizara este miércoles al gobierno de Donald Trump a reactivar la cancelación del programa.
La decisión dejó en pausa la orden emitida el 31 de julio por la jueza federal Trina L. Thompson, que había extendido las protecciones migratorias hasta noviembre mientras el caso seguía en tribunales. Con la nueva resolución, el gobierno quedó habilitado para avanzar en la eliminación del estatus temporal y, con ello, en posibles deportaciones.
“El fallo de hoy expone a decenas de miles de personas a la detención ilegal y la deportación. Se merecen algo mejor que lo que ha hecho este tribunal”, reaccionó Ahilan Arulanantham, abogado de la ACLU en California.
¿Qué significa este fallo?
La corte no ofreció explicaciones sobre por qué aceptó la apelación de emergencia del gobierno. El resultado inmediato es que 7,000 nepaleses cuyos permisos ya vencieron podrían ser deportados de inmediato, mientras que 51,000 hondureños y 3,000 nicaragüenses perderían sus protecciones el 8 de septiembre, quedando expuestos a la expulsión.
Defensores subrayan que la mayoría de beneficiarios han vivido en Estados Unidos por décadas, construyendo familias y negocios. “El gobierno está retirando sistemáticamente documentos a inmigrantes que han vivido legalmente durante años, criando hijos ciudadanos y moviendo la economía”, denunció Jessica Bansal, de la Red Nacional de Jornaleros.
Voces desde la comunidad:
El golpe se siente fuerte en las familias. Jhony Silva, hondureño con TPS, expresó: “No he estado en Honduras desde que era un bebé. Mi trabajo, mi familia, toda mi vida está aquí”.
Organizaciones como Hondureños Unidos de Los Ángeles (HULA) calificaron la decisión como “un balde de agua fría” tras años de marchas y vigilias para defender su estatus.
Desde Centroamérica, también se alzan las alarmas. Cecilia Rodríguez, presidenta de la Alianza Hondureña de Los Ángeles, aseguró que su país “no está preparado para recibir a tantos compatriotas”, citando falta de empleo, violencia e inestabilidad.
Una batalla legal abierta:
La Alianza Nacional TPS, principal demandante, insiste en que el gobierno actuó de forma ilegal al poner fin a la protección, motivado por promesas políticas de deportaciones masivas.
El caso continúa en la corte de distrito del norte de California, con audiencia prevista para noviembre. No se descarta que el proceso escale hasta la Corte Suprema.
“Este fallo es devastador, pero no es el final. La lucha por una protección permanente sigue y no dejaremos de organizarnos”, dijo Teóflio Martínez, beneficiario hondureño y parte de la demanda.
El argumento del gobierno:
La Casa Blanca sostiene que las condiciones en Honduras y Nicaragua ya no justifican el TPS, originalmente otorgado tras el huracán Mitch en 1998. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, es ahora la responsable de estas designaciones.
Sin embargo, abogados y activistas cuestionan que la decisión ignore la violencia, la inestabilidad política y los desastres recientes que aún golpean a ambos países.
Lo cierto es que, mientras la batalla judicial se libra en cortes de alto nivel, decenas de miles de familias viven al filo de la deportación, con el miedo de perderlo todo en cuestión de semanas.
