La ciudad de Memphis emitió un comunicado luego del arresto de tres empleados del camión de comida TACOnganas en Cordova, un suceso que generó preocupación e indignación en la comunidad.
El incidente ocurrió el lunes 10 de febrero a las 9:30 a.m., cuando varios agentes de inmigración ingresaron por la fuerza al vehículo y detuvieron a los tres trabajadores que se encontraban atendiendo el negocio. Sin embargo, la situación se tornó aún más alarmante cuando se reveló que los oficiales no se identificaron ni mostraron placas de la agencia, lo que desató sospechas y temores entre los testigos.
Tras la difusión de un video de vigilancia que captó el momento del arresto, surgieron dudas en redes sociales sobre si los agentes realmente pertenecían a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.). Algunos usuarios llegaron a calificar el operativo como un posible secuestro.
Durante la tarde, Memphis Noticias confirmó que al menos uno de los detenidos sí estaba bajo custodia de inmigración, según mostraba el sistema oficial.
Ante la incertidumbre, la ciudad de Memphis emitió un comunicado en el que reconoció la preocupación de la comunidad y aseguró que había contactado a las autoridades federales para obtener respuestas. En el mensaje, firmado por el alcalde Paul Young, se lee:
“Entendemos las ondas de choque que están resonando en nuestra comunidad en este momento tras la publicación del video de TACOnganas. Aunque estos asuntos no caen dentro de nuestra jurisdicción, nos comunicamos con las autoridades federales por nuestra preocupación. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) confirmó que esta acción fue llevada a cabo por agentes federales. Se nos ha ordenado que enviemos todas las consultas de los medios a la HSI.”
A pesar de la confirmación oficial, las dudas persisten. Activistas y miembros de la comunidad han exigido mayor transparencia sobre lo ocurrido y el estatus de los detenidos, señalando que este tipo de operativos solo aumentan el miedo entre los inmigrantes en Memphis.
Por ahora, las autoridades locales han dejado el asunto en manos del gobierno federal. La comunidad, en cambio, sigue esperando respuestas.
