KNOXVILLE, Tennessee — En medio de nuevas tensiones sobre cómo deben actuar las autoridades locales frente a casos relacionados con inmigración, una oficial del Departamento de Policía de Knoxville (KPD) se encuentra bajo investigación interna por un presunto incumplimiento de la política migratoria recientemente actualizada.
La oficial Heather Leeper, asignada a la patrulla del Distrito Oeste, continúa en servicio regular mientras la Oficina de Normas Profesionales revisa su actuación durante un incidente registrado el pasado 14 de octubre. La investigación se centra en la decisión de Leeper de trasladar personalmente a un hombre a las oficinas de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en lugar de seguir el protocolo establecido.
Todo comenzó alrededor de la 1:45 p. m., cuando Leeper respondió a una denuncia por posible falsificación en una tienda ubicada sobre la Avenida Western. El reporte señalaba que el sospechoso, identificado como Víctor Bernardino Mariano, portaba varios billetes de 100 dólares que podrían ser falsos.
Al entrevistarlo y verificar la autenticidad del dinero que resultó ser legítimo la oficial realizó una revisión en la base de datos NCIC. Fue entonces cuando descubrió que Bernardino Mariano tenía una orden de arresto de ICE por asuntos civiles.
Según el informe, Leeper contactó a un agente federal, quien presuntamente indicó que ICE “lo recogería”. Sin embargo, la oficial decidió trasladar ella misma al hombre hasta las oficinas locales ubicadas en 324 Prosperity Road, dejándolo allí junto con sus pertenencias.
Scott Erland, gerente de comunicaciones del KPD, confirmó que esta acción es precisamente lo que está bajo revisión.
La política del departamento, actualizada en junio de 2025 para alinearse con una nueva ley estatal, establece claramente que los oficiales “deben esperar aproximadamente 20 minutos” a que ICE llegue al lugar para tomar custodia de personas con órdenes civiles, salvo en casos excepcionales que requieran atención policial inmediata.
El documento también indica que si ICE no acude y no hay cargos criminales en curso, “la persona debe ser liberada de inmediato”.
Tras la actualización, el jefe del KPD, Paul Noel, circuló un memorando el pasado 14 de noviembre reiterando que la política está diseñada para cumplir con la ley estatal sin desviar el trabajo del KPD hacia funciones federales.
“Nuestra política refleja los mandatos legales y describe nuestra respuesta cuando se descubren órdenes civiles de ICE”, escribió Noel. “No pretende, de ninguna manera, convertir a nuestros oficiales en agentes federales, sino asegurar que actuemos de manera coherente y respetuosa con la comunidad.”
Noel además instruyó a los oficiales a comunicarse con un supervisor si se encuentran en situaciones donde no estén seguros de cómo proceder.
Este caso llega en un momento en que muchas familias inmigrantes viven entre la incertidumbre y el temor por el impacto de nuevas leyes estatales. Cada decisión de las autoridades locales tiene el potencial de afectar la confianza entre la policía y la comunidad, un punto que líderes locales han subrayado repetidamente.
Mientras la investigación continúa, no se han presentado cargos adicionales y no hay indicios de que Bernardino-Mariono esté vinculado a actividades criminales más allá de la orden civil reportada por ICE.
Por ahora, queda una pregunta que muchos en Knoxville se están haciendo: ¿se respetaron los límites entre la labor local y la federal, o se cruzó una línea destinada a proteger precisamente a la comunidad a la que el KPD dice servir?
