Tennessee — Kilmar Abrego García segirá bajo custodia federal al menos hasta este viernes, tras la decisión de la jueza Barbara Holmes, quien ordenó a las partes presentar información adicional antes de permitir su liberación. Aunque el tribunal ya había acordado las condiciones de su excarcelación este miércoles, la magistrada se negó a hacerlas efectivas hasta resolver ciertos desacuerdos entre las agencias federales involucradas.
La jueza Holmes quiere claridad en dos temas fundamentales.
Primero, que el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional cooperen para garantizar que Abrego pueda asistir a sus audiencias judiciales, incluso si está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, y segundo, que el salvadoreño sea trasladado a un centro de detención de ICE en el Distrito Central de Tennessee o en sus cercanías, para facilitar el contacto con sus abogados.
Abrego García, ciudadano salvadoreño, fue deportado en marzo “por error” a su país de origen y llevado a una prisión infame en El Salvador. El gobierno de Donald Trump se negó durante semanas a facilitar su retorno, hasta que fue traído nuevamente a Estados Unidos el pasado 7 de junio para enfrentar cargos de tráfico de personas.
El martes, en un intento de última hora por frenar su liberación, el Departamento de Justicia pidió a la corte que pausara la orden de excarcelación. El motivo fue que temen que de ser liberado, otra agencia federal pueda deportarlo antes de que se enfrente a los cargos penales que tiene pendientes en Tennessee. Esta postura, sin embargo, entra en contradicción con la misma administración que lo expulsó meses atrás sin que mediara un juicio justo.
“Merece la pena que esta corte suspenda la orden de liberación durante unas semanas para brindar al público un mayor posibilidad de una resolución significativa y basada en pruebas de estos cargos”, argumentó el gobierno en un documento judicial.
El domingo pasado, la jueza Holmes había determinado que Abrego no representa un riesgo de fuga ni un peligro para la comunidad. En su fallo, destacó que ha vivido por más de una década en Maryland junto a su esposa, una ciudadana estadounidense, y sus tres hijos. Sin embargo, reconoció que su decisión era “poco más que un ejercicio académico”, ya que ICE planea detenerlo de todos modos tan pronto sea liberado por el sistema judicial.
Abrego fue detenido en una parada de tráfico en 2022 en Tennessee, cuando conducía con exceso de velocidad un vehículo que transportaba a nueve personas. Los cargos de tráfico humano que enfrenta se derivan de ese incidente. No fue sino hasta abril de 2025 que el agente especial Peter Joseph, del Departamento de Seguridad Nacional, comenzó a investigarlo formalmente.
El pasado 13 de junio, Abrego se declaró inocente en la lectura de cargos. Su equipo legal sostiene que estas acusaciones buscan justificar su expulsión ilegal del país en marso.
Los fiscales federales han apelado la orden de liberación de Holmes. Alegan que su permanencia en Estados Unidos no está garantizada y que podría ser deportado antes de enfrentar juicio, a pesar de que un juez de inmigración ya determinó que enfrenta una amenaza creíble de violencia por parte de pandillas en El Salvador. Aún así, existe la posibilidad de que sea deportado a un tercer país, siempre y cuando dicho país acepte no reembiarlo a territorio salvadoreño.
Por ahora, el futuro de Abrego permanece incierto. Atrapado entre una orden de liberación judicial, una apelación del Departamento de Justicia y la inminente intervención de ICE.
Una cosa es clara. Más allá de los trámites legales, la vida de este padre de familia sigue pendiendo de decisiones burocráticas que parecen moverse más por intereses políticos que por principios de justicia.
