Washington, D.C. – En una decisión que ha generado alarma entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, una jueza federal rechazó bloquear una controvertida medida de la administración Trump que permitirá al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) acceder a información confidencial del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para localizar y deportar rápidamente a inmigrantes indocumentados.
La jueza de distrito Dabney Friedrich, nominada por el expresidente Donald Trump en 2017, desestimó este lunes los argumentos de diversos grupos que alegaban que el acuerdo de intercambio de datos violaba las leyes de confidencialidad del contribuyente. A juicio de la magistrada, el memorando entre el IRS y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que supervisa a ICE, fue diseñado con el “cuidado suficiente” como para cumplir —al menos formalmente— con los requisitos legales.
“Solicitar y recibir información con fines de cumplimiento de la ley civil constituiría un perjuicio reconocible, pero ninguna de las organizaciones ha demostrado que dicho perjuicio sea inminente”, escribió Friedrich en su dictamen.
La medida, aprobada en abril pese a la oposición de altos funcionarios del IRS, permite al DHS solicitar confirmación de direcciones de inmigrantes indocumentados bajo sospecha de desafiar órdenes de deportación. La controversia gira en torno al uso de esta información: aunque las leyes federales permiten compartir datos fiscales para investigaciones penales, no lo permiten para casos puramente civiles, como lo son los procedimientos de deportación.
El Departamento de Justicia defendió el acuerdo señalando que las solicitudes de información estarán dirigidas solo a personas bajo investigación penal por no acatar órdenes de deportación. Sin embargo, los grupos defensores alegan que ese argumento es una fachada legal para sortear las protecciones de privacidad.
Durante una audiencia el mes pasado, la jueza cuestionó si el gobierno estaba utilizando un pretexto para legalizar el acuerdo, aunque también exigió a los demandantes presentar pruebas concretas de una intención deliberada de violar la ley. En su fallo, Friedrich sostuvo: “Este caso presenta una cuestión legal limitada: ¿Viola el Memorando de Entendimiento entre el IRS y el DHS el Código de Impuestos Internos? No lo hace”.
La decisión representa una victoria para la agenda migratoria del expresidente Trump, que desde sus primeros días en el poder priorizó la deportación de inmigrantes indocumentados, bajo el argumento de que representa una medida de protección nacional.
Años atrás, las autoridades federales habían fomentado que los inmigrantes sin estatus legal presentaran sus declaraciones de impuestos y cumplieran con sus responsabilidades fiscales, bajo la promesa de que su información se mantendría privada. Esta nueva política ha generado temor en muchas comunidades, llevando a que algunos migrantes se abstengan de declarar sus impuestos este año.
CNN reportó recientemente que el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, impulsado por Elon Musk, planea crear una base de datos maestra con información del IRS, el Seguro Social y otras agencias, lo cual podría acelerar aún más la aplicación de leyes migratorias. Sin embargo, desde el Departamento del Tesoro —entidad que supervisa al IRS— aseguraron que no se está compartiendo inapropiadamente la información tributaria entre agencias.
Tras el fallo, las organizaciones demandantes evalúan apelar ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, mientras crece la preocupación entre activistas y comunidades migrantes por el futuro de la confidencialidad tributaria.
