Una jueza de Nashville extendió por segunda vez la orden que impide al Departamento de Salud de Tennessee compartir la información de identificación de aproximadamente 400 niños inmigrantes enfermos y con discapacidad con una agencia estatal que colabora con las autoridades federales de inmigración.
La decisión mantiene protegidos, al menos hasta el 17 de julio, a los menores inscritos en el programa Servicios Especiales para Niños (Children’s Special Services), el cual brinda atención médica continua y, en muchos casos, esencial para preservar la vida de niños con enfermedades graves y discapacidades.
La controversia comenzó el mes pasado, cuando el Departamento de Salud envió cartas a unas 400 familias inmigrantes informándoles que debían declarar su estatus migratorio para continuar recibiendo los servicios del programa.
La dependencia también fijó como fecha límite el 30 de junio para que las familias decidieran si permanecían en el programa o renunciaban a él. De no hacerlo, su información sería enviada a la División Centralizada de Control de Inmigración, creada el año pasado por legisladores republicanos para coordinar la colaboración del estado con las autoridades federales de inmigración.
En total, el programa atiende a más de 4,600 niños en todo Tennessee.
Ante esta medida, tres médicos que atienden a menores inmigrantes presentaron una demanda el 24 de junio en el Tribunal de Equidad del Condado de Davidson, con el respaldo del Tennessee Justice Center.
Los demandantes sostienen que obligar a las familias a revelar su estatus migratorio pone en riesgo la salud e incluso la vida de los menores, además de violar las condiciones del financiamiento federal que sostiene el programa. También argumentan que el Departamento de Salud interpretó de manera incorrecta una nueva ley estatal que exige reportar a inmigrantes indocumentados que reciben beneficios públicos, ya que dicha legislación aplica únicamente a adultos.
La demanda afirma que la política obliga a las familias a enfrentar una decisión imposible: renunciar a tratamientos médicos indispensables para sus hijos o exponerse a posibles acciones de detención y deportación por parte de las autoridades migratorias.
Los médicos advirtieron que, para niños con condiciones médicas graves, cualquier interrupción en su atención podría provocar un deterioro severo de su salud e incluso poner en riesgo sus vidas.
La jueza Patricia Head Moskal emitió una orden de restricción temporal pocas horas después de presentada la demanda. Ahora, mediante un acuerdo entre los abogados del Departamento de Salud y el Tennessee Justice Center, esa protección fue extendida por segunda ocasión mientras continúan las negociaciones legales entre ambas partes.
