MEMPHIS, TN – La jueza canciller Patricia Head Moskal no emitió un fallo inmediato el pasado 3 de noviembre sobre la demanda que cuestiona el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis. Dijo que necesitaba tiempo para redactar sus conclusiones y revisar los argumentos presentados por ambas partes.
La demanda, presentada el 17 de octubre por varios funcionarios demócratas de Tennessee, acusa al gobernador Bill Lee, al fiscal general Jonathan Skrmetti y al general de división Warner Ross III de actuar sin respetar los límites constitucionales al movilizar la Guardia Nacional.
Entre los demandantes se encuentran el concejal de Memphis JB Smiley Jr., los comisionados del condado Shelby Henri Brooks y Erika Sugarmon, el alcalde Lee Harris y los legisladores estatales G.A. Hardaway, Gabby Salinas y Jeff Yarbro. El grupo cuenta con el respaldo legal de Democracy Forward, una organización nacional con sede en Washington, D.C.
Durante la audiencia, la jueza Moskal cuestionó con firmeza a los abogados del Estado, quienes argumentaron que el despliegue era una decisión política del gobernador.
“¿Cómo puede ser esto solo una cuestión política? Hubo un despliegue y miembros de la Guardia Nacional en acción”, respondió Moskal, señalando que se trataba de una decisión operativa, no de política pública.
La jueza también pidió evidencia de una orden formal de despliegue. Tanto los abogados del Estado como los demandantes admitieron que la única comunicación fue un comunicado de prensa del gobernador.
“Entonces, si debo rescindir el despliegue, ¿significa que debo rescindir el comunicado de prensa?”, preguntó Moskal con ironía.
Aunque Moskal negó una orden de restricción temporal antes de la audiencia, aclaró que el caso merece un análisis profundo. El fallo podría definir hasta dónde llegan los poderes del gobernador para movilizar tropas dentro del estado.
Mientras tanto, Memphis y el resto de Tennessee esperan. El debate sobre seguridad, autoridad y legalidad sigue abierto.
