Una controvertida ley de Tennessee que establece sanciones penales relacionadas con el ocultamiento y transporte de inmigrantes indocumentados permanece vigente después de que un juez federal desestimara una demanda presentada por iglesias luteranas y particulares.
La decisión del juez federal de distrito William Campbell Jr. no significa que el tribunal haya resuelto que la legislación es constitucional en todos sus aspectos. La demanda fue desestimada principalmente porque quienes la presentaron no lograron demostrar que enfrentaban una amenaza concreta e inmediata de ser procesados bajo la ley.
El caso había sido llevado ante los tribunales antes de que la legislación entrara en vigor en julio de 2025.
Entre los demandantes se encontraba el Sínodo del Sureste de la Iglesia Evangélica Luterana en América, además de un propietario de Nashville y un padre cuyo yerno, quien solicitó asilo en Estados Unidos, vive en su vivienda.
Las iglesias argumentaron que la legislación podía interferir con actividades que forman parte de su trabajo religioso y comunitario, incluyendo proporcionar refugio y servicios a inmigrantes sin importar su situación migratoria.
También cuestionaron que Tennessee estuviera creando mecanismos para intervenir en un área que, bajo la Constitución y la legislación federal, corresponde al gobierno federal: la aplicación de las leyes migratorias.
La legislación estatal establece como tráfico de personas determinadas conductas relacionadas con personas que se sabe que ingresaron o permanecen ilegalmente en Estados Unidos.
Entre las conductas contempladas se encuentran ocultar, encubrir o proteger intencionalmente a una persona en esa situación cuando existe un propósito económico.
La legislación también contempla el transporte de una persona indocumentada cuando se realiza con la intención de mantenerla oculta de las autoridades migratorias.
Las violaciones pueden ser consideradas delitos graves y conllevar penas de hasta seis años de prisión.
Precisamente el alcance de estas disposiciones fue uno de los principales puntos cuestionados por los demandantes.
Durante el proceso judicial, los fiscales estatales ofrecieron una interpretación más limitada de la legislación.
Sostuvieron que la ley está dirigida a actividades realizadas con fines de lucro y que una iglesia que recibe donaciones para proporcionar servicios de acuerdo con su misión religiosa no estaría, por ese solo hecho, cometiendo el delito.
El estado también argumentó que proporcionar alojamiento no sería suficiente para configurar una violación. Según esa interpretación, tendría que existir una intención de ocultar a la persona de las autoridades.
Pero esa explicación dejó al propio juez con interrogantes.
Campbell señaló que existen dudas sobre si la interpretación presentada por el estado realmente está respaldada por el texto de la legislación.
Una de las preocupaciones tiene que ver precisamente con la supuesta obligación de demostrar una “intención de ocultar”.
El magistrado también cuestionó qué tendría que saber una persona sobre la situación migratoria de otra para quedar expuesta a una posible acusación bajo la ley.
Es decir, el juez reconoció que existen aspectos de la legislación que podrían generar problemas de interpretación, pero consideró que esas dudas no eran suficientes para permitir que esta demanda continuara.
Por ahora, la ley continúa vigente en Tennessee.
Pero la decisión también deja una distinción importante: el juez no declaró que todas las disposiciones de la legislación sean constitucionales ni determinó que la interpretación del estado sea necesariamente correcta.
La demanda fue desestimada porque los demandantes no pudieron demostrar que existiera una probabilidad suficiente de que fueran procesados bajo la ley.
Eso significa que las interrogantes sobre el alcance de la legislación podrían regresar a los tribunales si en el futuro fiscales estatales intentan aplicarla contra una persona, iglesia u organización en circunstancias concretas.
El caso, por lo tanto, deja una situación particular: Tennessee conserva una ley que puede implicar penas severas, mientras un juez federal ya ha expresado dudas sobre algunos de los términos utilizados para definir cómo debe aplicarse.
Memphis Noticias seguirá atento a cualquier nuevo caso o desafío judicial que permita determinar hasta dónde puede llegar esta legislación y cómo podría afectar a organizaciones religiosas, familias y personas que brindan asistencia a inmigrantes.
