Este jueves, un juez federal declaró ilegal el programa de parole in place, una iniciativa de la administración de Joe Biden que permitía a cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses obtener estatus legal en el país, facilitando además su camino hacia la ciudadanía. La decisión, emitida por el juez de distrito J. Campbell Barker, representa un duro revés para el programa que, desde su anuncio en junio, había sido una alternativa de alivio migratorio para miles de familias.
El fallo llega tras una demanda presentada por 16 estados, liderados por fiscales generales republicanos, quienes argumentaron que la medida incentivaba la inmigración ilegal. Barker, en su veredicto, sostuvo que el Gobierno federal carece de autoridad para implementar esta política sin la aprobación del Congreso.
En agosto, el juez Barker ya había ordenado una suspensión temporal del parole in place mientras analizaba su legalidad. Esta medida impidió al Gobierno otorgar el beneficio migratorio sin exigir que los solicitantes abandonaran el país, aunque se les permitió presentar solicitudes mediante el formulario I-131F de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). Ahora, con el fallo definitivo, se prohíbe tanto la aceptación de nuevas solicitudes como la concesión del beneficio.
El Departamento de Justicia tiene la opción de apelar, aunque la llegada del presidente electo Donald Trump, crítico acérrimo de las políticas migratorias de Biden, sugiere que podría terminar con el programa parole in place de manera definitiva una vez asuma el poder.
Un Programa Para Mantener a las Familias Unidas
Bajo el programa denominado Keeping Families Together (Mantener a las Familias Unidas), los cónyuges y los hijos adoptivos indocumentados de ciudadanos estadounidenses podrían obtener la residencia permanente, o green card, sin salir del país, evitando la separación prolongada de sus familias. Para muchos inmigrantes indocumentados, el proceso tradicional exige salir de Estados Unidos, enfrentándose al riesgo de una separación que puede extenderse por años o incluso ser permanente, situación que, según defensores de derechos humanos, ha disuadido a muchos de intentar regularizar su estatus.
El programa beneficiaba a aproximadamente medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses que cumplían con ciertos requisitos. Los solicitantes debían demostrar una residencia continua en Estados Unidos de al menos 10 años y estar casados con un ciudadano antes del 17 de junio, fecha en la que se anunció el programa. También se requería un riguroso control de antecedentes penales, quedando descalificados quienes tuvieran delitos graves o una serie de otros delitos como violencia doméstica o la mayoría de los relacionados con drogas.
Estados en Oposición
La demanda contra el programa fue presentada el 23 de agosto por los estados de Texas, Idaho, Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Iowa, Kansas, Louisiana, Missouri, Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee y Wyoming, quienes argumentaron que el parole in place generaría un incentivo para que más personas intentaran ingresar al país de manera irregular, confiando en medidas de alivio migratorio sin respaldo legislativo.
Con el fallo de este jueves, el futuro de cientos de miles de familias queda incierto. Mientras algunos esperan una apelación del Departamento de Justicia, otros temen que el nuevo gobierno desmantele definitivamente cualquier intento de mantener políticas de reunificación familiar.
