En un golpe a la nueva política de inmigración de la administración Trump, un juez federal ha impuesto restricciones a su aplicación en ciertos lugares de culto. La decisión, emitida el lunes por el juez de distrito Theodore Chuang, representa una victoria parcial para las organizaciones religiosas que desafiaron la medida en los tribunales.
La orden temporal impide que el Gobierno haga cumplir la nueva política en los templos de las congregaciones demandantes, entre ellas grupos de cuáqueros, baptistas y sijs. Sin embargo, el juez se negó a extender la restricción a nivel nacional, lo que deja abierta la posibilidad de que la política siga vigente en otros lugares de culto.
Un fallo con implicaciones constitucionales
Este es el primer pronunciamiento judicial sobre la legalidad de la medida, y Chuang concluyó que los demandantes probablemente tengan éxito en su argumento de que la política viola la Primera Enmienda y la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.
Como resultado, para las organizaciones religiosas amparadas por su fallo, la administración Trump deberá volver a la normativa anterior, que permitía la aplicación de leyes migratorias en lugares de culto solo en circunstancias mucho más limitadas.
Lugares de culto en la mira de las autoridades
En su opinión de 56 páginas, el juez aclaró que no cuestiona la capacidad de las fuerzas del orden para llevar a cabo operativos en o cerca de lugares de culto cuando sea necesario. No obstante, expresó su preocupación sobre la falta de límites claros en la política impulsada por el Gobierno.
“El Tribunal solo considera que, en esta fase inicial del caso, en la delicada y fundamental cuestión de cuándo y en qué circunstancias las fuerzas del orden pueden inmiscuirse en lugares de culto para llevar a cabo operaciones sin orden judicial, la falta de limitaciones o salvaguardias significativas en la Política 2025 probablemente no satisface los requisitos constitucionales y legales en lo que respecta a los demandantes”, escribió el juez.
Mientras otros casos continúan su curso en los tribunales, este fallo preliminar representa un obstáculo para la administración Trump en su intento de ampliar el alcance de las leyes de inmigración dentro de espacios tradicionalmente considerados refugios.
