Memphis vuelve a mirar hacia adentro. Lo que comenzó como una manifestación más terminó abriendo preguntas incómodas sobre el actuar de quienes están llamados a proteger.
Nuevos detalles han salido a la luz tras el arresto de tres personas durante la protesta denominada “No Kings”, realizada el mes pasado en las inmediaciones del FedExForum. Aunque los cargos contra los manifestantes fueron retirados la semana pasada, la atención pública ha cambiado de dirección: ahora se centra en los agentes del Departamento de Policía de Memphis (MPD) que participaron en los arrestos.
Aquella tarde, la manifestación concluyó con una marcha espontánea por calles cercanas. Los participantes, en su mayoría críticos de la administración del presidente Donald Trump, avanzaban entre consignas y pancartas. Fue entonces cuando intervino la policía.
Según reportes y videos difundidos, agentes del MPD utilizaron gas pimienta para dispersar a la multitud. El resultado: tres personas detenidas. Hoy, esas detenciones están bajo cuestionamiento.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) no tardó en reaccionar. Exigió una investigación exhaustiva sobre la conducta policial. “Es fundamental garantizar que se respeten los derechos constitucionales de los ciudadanos”, señaló la organización en su momento.
A inicios de esta semana, un abogado de la ciudad de Memphis confirmó que ya está en marcha una investigación interna. No será rápida. Se estima que el proceso podría tardar al menos dos meses. ¿La razón? Más de 200 grabaciones de cámaras corporales deben ser revisadas. Además, decenas de agentes serán entrevistados, incluidos cuatro oficiales directamente involucrados en los arrestos.
El mismo abogado ofreció otro dato clave: el permiso otorgado para el evento no contemplaba una marcha. Era, según dijo, para una concentración en un parque con aproximadamente 50 asistentes. Sin embargo, los videos muestran una realidad distinta. La asistencia superó ampliamente lo autorizado, y la protesta evolucionó más allá de lo previsto.
Mientras tanto, cuatro agentes han sido relevados de sus funciones y permanecen bajo licencia administrativa, según confirmó la ACLU. Una medida que, aunque preventiva, refleja la seriedad del caso.
