Nashville, Tennessee — La decisión ya está tomada. La Asamblea General de Tennessee aprobó el controvertido proyecto de ley que permitirá la intervención directa del sistema escolar de Memphis-Shelby County (MSCS), una medida que ha desatado fuertes críticas y profundas preocupaciones entre líderes locales.
La legislación establece la creación de una junta de supervisión de nueve miembros, designados por las más altas figuras republicanas del estado: el gobernador Bill Lee, el vicegobernador Randy McNally y el presidente de la Cámara de Representantes, Cameron Sexton. Este grupo tendrá amplios poderes: desde aprobar presupuestos y contratos, hasta contratar o despedir maestros, administradores e incluso al superintendente. También podrán abrir escuelas chárter y cerrar o fusionar planteles existentes.
Para muchos demócratas del condado de Shelby, la medida representa una intrusión directa del gobierno estatal en decisiones locales.
“Es un poder absoluto y sin control”, advirtió el representante estatal Antonio Parkinson, reflejando el sentir de quienes ven en esta intervención una amenaza a la autonomía comunitaria.
La senadora estatal London Lamar fue más allá, cuestionando la legitimidad de la acción estatal:
“¿Dónde está nuestro comité asesor del Senado? ¿Dónde está? ¿Acaso debemos pagar a otro Senado estatal para que se inmiscuya en nuestras decisiones? No. Entonces, ¿por qué le hacemos esto a la gente del condado de Shelby?”, expresó con evidente frustración.
Las preocupaciones no terminan ahí. La senadora Raumesh Akbari alertó sobre la falta de mecanismos de rendición de cuentas para los ciudadanos.
“Me preocupa que un padre o madre que tenga una queja contra esta junta designada no tenga ningún recurso. Cuando se elige una junta escolar, existe una vía: reuniones públicas donde se pueden expresar opiniones con claridad”, señaló.
En medio del debate, también surgieron cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos. El representante Larry Miller criticó una auditoría forense de 7 millones de dólares —aún incompleta— que ha revelado aproximadamente un millón de dólares en gastos indebidos. Para él, utilizar estos hallazgos como justificación para la intervención es engañoso.
“Esto siempre se trata de dinero. La educación es uno de los negocios más grandes de este país… No me digan que no se trata de dinero”, afirmó.
Pero desde el otro lado del pasillo político, la respuesta fue inmediata. El representante republicano Mark White, principal impulsor del proyecto, rechazó esas afirmaciones.
“No podría estar más en desacuerdo”, dijo. Y añadió:
“Usted solo habla de dinero. Yo hablo del rendimiento académico de los estudiantes año tras año. No se centre únicamente en lo financiero. Céntrese en los jóvenes que no están recibiendo la educación que merecen”.
White subrayó una realidad preocupante: apenas el 25% de los estudiantes del distrito alcanza el nivel adecuado en lectura y matemáticas.
“Esta legislación se basa en una promesa: que el código postal no determine la calidad de la educación. Y esta Asamblea General no hará la vista gorda si esa promesa no se cumple”, puntualizó.
En un giro de último momento, el proyecto fue modificado para exigir que ocho de los nueve miembros de la junta de supervisión residan en el condado de Shelby. El noveno será designado por el presidente de la Cámara, Cameron Sexton. Se espera que la junta quede formalmente establecida antes del 1 de julio.
Mientras tanto, la Junta Escolar de Memphis-Shelby ya ha reaccionado. El martes votó a favor de contratar a un abogado para intentar frenar la intervención mediante una demanda. Sin embargo, ese camino enfrenta un nuevo obstáculo: el gobernador Lee firmó recientemente una ley que prohíbe a los distritos escolares utilizar fondos públicos para impugnar medidas estatales de rendición de cuentas.
Consultado sobre cómo financiarán la demanda, un portavoz del distrito se negó a comentar.
La pregunta queda en el aire: ¿es esta intervención una solución necesaria o una imposición que debilita la voz de la comunidad? En Memphis, el debate apenas comienza, pero sus efectos podrían sentirse por generaciones.
