Durante el fin de semana, el silencio de los vecindarios latinos del sur de Nashville fue interrumpido por un despliegue masivo de operativos liderados por agentes federales de inmigración y la Patrulla de Caminos de Tennessee (THP, por sus siglas en inglés). Con luces azules parpadeando entre calles como Nolensville Road y Harding Place, se realizaron aproximadamente 150 paradas de tránsito que dejaron como resultado la detención de entre 40 y 100 personas.
Las escenas se repitieron con rapidez: vehículos detenidos, preguntas sobre licencias de conducir, y en muchos casos, individuos trasladados sin demora a la oficina local de ICE en Brick Church Pike. Testigos y activistas denunciaron lo que consideraron una operación con perfiles raciales y sin transparencia, ejecutada bajo un ritmo vertiginoso que dejó a muchas familias sin respuestas y a toda una comunidad sumida en el temor.
Un operativo sin rostro ni respuestas:
La operación, que oficialmente fue justificada por THP como un esfuerzo por combatir “zonas con historial de accidentes graves y actividad sospechosa de pandillas”, se llevó a cabo en colaboración con ICE y HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional). Sin embargo, ni las autoridades estatales ni federales ofrecieron cifras claras sobre cuántas personas fueron detenidas por motivos migratorios.
Durante el transcurso del domingo, dos autobuses de pasajeros salieron de la sede de ICE, presuntamente con destino a un centro de detención federal en Luisiana. Según testigos, se escucharon cadenas dentro del autobús, sugiriendo que los ocupantes estaban esposados. Se estima que al menos tres grupos de entre 10 y 15 personas fueron arrancadas en silencio, lejos de la vista del público.
Mientras tanto, familiares y abogados fueron bloqueados del acceso a los detenidos. Una madre embarazada y otra con hijos pequeños fueron liberadas sin mayores explicaciones, pero la mayoría fue llevada bajo condiciones que activistas denunciaron como una violación al debido proceso.
Protesta, indignación y una ciudad dividida:
La reacción comunitaria no se hizo esperar. Activistas de organizaciones como Remix Tennessee y Tennessee Immigrant and Refugee Rights Coalition (TIRRC) se congregaron afuera del edificio federal, exigiendo información y bloqueando autobuses. “Esto no hace a Nashville más segura. Solo destruye familias, genera trauma y erosiona la confianza en la ley”, expresó TIRRC en un comunicado.
Gisselle Huerta, fundadora del grupo Hijos de Inmigrantes, se paró frente a un autobús en señal de protesta. “Detuve el bus porque trataron de intimidar a mi gente”, dijo. Su acto detuvo momentáneamente el avance del vehículo, mientras los manifestantes gritaban: “Estás en el lado equivocado de la historia”.
El alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, emitió un comunicado el domingo por la noche aclarando que el Departamento de Policía Metropolitana (MNPD) no participó en las redadas. Sin embargo, testigos vieron varios vehículos del MNPD y hasta un helicóptero en la zona. Según el alcalde, su presencia fue únicamente para controlar la protesta.
¿Coordinación con la ciudad o imposición estatal?
La concejal Ginny Welsch convocó a una reunión pública para el miércoles, señalando que la presencia del MNPD genera preguntas legítimas sobre la colaboración entre el gobierno local y federal. “Esto no está bien y no será tolerado”, escribió en un mensaje a sus constituyentes.
El trasfondo de esta tensión se complica aún más con la entrada en vigor, el 1 de julio, de una nueva ley estatal que obliga a todas las jurisdicciones a colaborar con ICE, a pesar de la resistencia de muchas autoridades locales.
Familias desgarradas y derechos en el limbo:
En el estacionamiento de la oficina de ICE, una mujer lloraba desconsoladamente: su esposo había sido detenido. Dos adolescentes buscaban información sobre un familiar desaparecido desde la noche anterior. Otros, simplemente, esperaban alguna señal que indicara si sus seres queridos aún estaban en el lugar o ya habían sido llevados a otro estado.
La situación dejó en claro una verdad dolorosa: muchas de las personas afectadas no tuvieron acceso a abogados ni a comunicarse con sus familias antes de ser trasladadas. Activistas pidieron a la comunidad conocer sus derechos y compartieron frases esenciales para resistir una detención: “Quiero permanecer en silencio. Quiero hablar con mi abogado. No voy a firmar nada”.
Las calles del sur de Nashville quedaron marcadas por las luces azules y las ausencias. Pero también por la resistencia de una comunidad que se niega a ser invisible.
