Un nuevo proyecto de ley presentado en la legislatura de Tennessee ha encendido alarmas entre comunidades inmigrantes, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles. La propuesta, impulsada por el representante republicano Dennis Powers, busca ampliar la ya existente Ley de Verificación de Elegibilidad para Beneficios, con el fin de exigir a gobiernos locales reportar a inmigrantes sin estatus legal ante autoridades estatales y federales.
La medida, identificada como HB1710 en la Cámara de Representantes, fue presentada en enero y propone que toda persona que solicite ayuda pública a nivel local sea asistencia para la vivienda, servicios para personas sin hogar, salud pública o cuidado infantil deba someterse a una verificación de su estatus migratorio. Si no se cumple con los requisitos legales, el individuo deberá ser reportado a la Oficina General de la Asamblea Legislativa, al Departamento de Finanzas y Administración, y a la División Centralizada de Control de Inmigración.
“Lo que ya hacemos a nivel estatal, queremos que se haga también a nivel local”, explicó Powers al medio Tennessee Lookout. “Muchos programas son administrados por los condados y municipios, y no siempre se verifica el estatus de quienes solicitan los beneficios”.
El proyecto, que por ahora se aplicaría solo a adultos, también contempla su extensión a padres o tutores de menores que busquen vacunarse en centros de salud pública. Es decir, quienes intenten proteger la salud de sus hijos podrían verse obligados a entregar su información migratoria a las autoridades, o correr el riesgo de ser reportados.
La propuesta va más allá de una simple verificación. Establece sanciones severas para quienes no acaten la ley: las agencias locales o departamentos de salud que no cumplan podrían enfrentar investigaciones por parte del fiscal general del estado, y la posible suspensión de fondos públicos, incluidos contratos, subvenciones e impuestos compartidos por el estado. Además, cualquier funcionario o empleado que no reporte a inmigrantes sin estatus legal podría ser acusado de un delito menor, sancionado con hasta un año de cárcel y multas de hasta $2,500.
Organizaciones como la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC) han manifestado su rechazo categórico a esta propuesta, calificándola de “legislación antiinmigrante” que ignora las verdaderas necesidades de las familias trabajadoras del estado.
“Mientras las familias enfrentan el aumento del costo de vida, nuestros legisladores están más preocupados en impulsar medidas que dividen y criminalizan”, denunció Lisa Sherman Luna, directora ejecutiva de TIRRC Votes. “Los inmigrantes contribuyen con más de $1.4 mil millones en impuestos estatales y locales. Estos proyectos de ley no solo son malas políticas, son pecaminosos”.
El rechazo no se ha limitado a organizaciones civiles. Voces religiosas también han condenado la medida. El reverendo Wesley King, ministro asociado de la Iglesia Cristiana de Vine Street, fue enfático:
“¿Cómo pueden políticos que se proclaman cristianos promover una agenda tan dañina y odiosa? Esto no es justicia, es persecución disfrazada de ley”.
Este proyecto de ley no es aislado. Forma parte de una serie de iniciativas estatales que buscan restringir los derechos y el acceso a servicios de la comunidad inmigrante. La tendencia preocupa a líderes comunitarios, quienes temen que estas políticas impulsen el miedo, la desconfianza y la marginalización, especialmente en ciudades y condados donde las comunidades inmigrantes son parte esencial del tejido económico y social.
La discusión sobre HB1710 apenas comienza, pero el mensaje ya ha sido recibido con claridad por miles de familias: si se aprueba esta ley, buscar ayuda podría convertirse en un riesgo.
¿Estamos como sociedad dispuestos a castigar a quienes más necesitan ayuda, solo por su estatus migratorio?
Esa es la pregunta que ahora debe responder Tennessee.
