Memphis, Tennessee. — La presencia del Memphis Safe Task Force continuará sin una fecha definida de salida. Así lo confirmó el fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, durante una visita a la ciudad en la que defendió la intervención federal, cuyo primer año deja un balance de arrestos, detenciones migratorias y denuncias sobre las actuaciones de sus agentes.
El anuncio se produjo durante una mesa redonda celebrada el viernes 16 de octubre, con participación de autoridades federales, estatales y locales. Blanche aseguró que Washington mantendrá personal y recursos en Memphis durante el tiempo que considere necesario.
Al encuentro asistieron la senadora Marsha Blackburn, la jefa de la Policía de Memphis, C.J. Davis; el fiscal federal D. Michael Dunavant, el senador estatal Brent Taylor y el director del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Gadyaces Serralta. El Departamento de Justicia confirmó que la reunión se realizó para abordar el impacto local del operativo después de su primer aniversario.
Según las declaraciones recogidas por WREG, el grupo de trabajo reportó 13.569 arrestos desde su creación. Serralta también informó que los agentes habían localizado y rescatado a 196 menores desaparecidos o en peligro.
Los funcionarios presentaron estas cifras como evidencia de los beneficios de la colaboración entre agencias. Sin embargo, el número de arrestos no equivale a condenas ni permite, por sí solo, medir cuánto ha contribuido la intervención a reducir la violencia.
Durante la reunión, el doctor Andrew Sloas, médico de urgencias del centro de traumatología de Regional One Health, señaló una disminución de 206 víctimas de lesiones o muertes por disparos, equivalente a aproximadamente un 30 %. El médico atribuyó esa reducción al operativo, según la cobertura de WREG.
La evolución de la delincuencia requiere, además, considerar lo que ocurría antes del despliegue. Los datos policiales recogidos por ese medio muestran que los homicidios, las agresiones agravadas y los robos de vehículos ya venían disminuyendo antes de la llegada del grupo de trabajo.
Davis había informado en junio que los homicidios bajaron un 44 % durante el primer semestre de 2026 frente al mismo período de 2025. Aunque esa comparación refleja una reducción, no determina qué proporción corresponde al trabajo federal, a las estrategias locales o a otros factores.
Para la comunidad inmigrante, el balance también incluye las detenciones de ICE y las deportaciones registradas desde el inicio de la intervención.
Una investigación de Action News 5 identificó 891 arrestos de ICE en el condado de Shelby entre el 29 de septiembre de 2025 y el 1 de abril de 2026. De ellos, 536 terminaron en deportación, aproximadamente seis de cada diez. El análisis utilizó registros federales obtenidos por el Deportation Data Project.
Más del 80 % de esas detenciones involucraron a personas sin condenas penales registradas, según el mismo análisis. Esto no descarta la existencia de cargos pendientes, pero sí establece una diferencia entre las personas condenadas por delitos y quienes fueron detenidos por las autoridades migratorias. Las cifras corresponden a la actividad de ICE en Shelby durante ese período y no constituyen un balance actualizado de todo el primer año del grupo de trabajo.
A los datos migratorios se suman los cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos civiles.
La Unión Americana de Libertades Civiles de Tennessee, ACLU-TN, denunció en septiembre un patrón de actuaciones que, a su juicio, vulnera el debido proceso. En su pronunciamiento citó los operativos en El Corralón y Legends Lounge, y cuestionó que se retuviera a personas sin evidencia individual que las vinculara con actividades ilegales. La organización pidió investigaciones transparentes y respeto a las garantías constitucionales.
Por separado, cuatro residentes de Memphis, representados por la ACLU, su filial estatal y dos firmas de abogados, presentaron una demanda en la que alegan represalias por observar y grabar las operaciones del grupo de trabajo.
Los demandantes describen amenazas de arresto, vigilancia de sus viviendas, paradas de tránsito injustificadas y otras formas de intimidación. También cuestionan el uso de la llamada “Ley Halo”, que penaliza acercarse a menos de 25 pies de un agente después de recibir una advertencia de retroceder. Según sus abogados, la norma ha sido utilizada para impedir que documenten las actuaciones policiales. Estas acusaciones forman parte del litigio y no deben confundirse con conclusiones judiciales.
El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos rechazó las acusaciones de esa demanda y sostuvo que sus agentes mantienen un compromiso con prácticas policiales justas, imparciales y profesionales, de acuerdo con una respuesta publicada por The Associated Press en mayo.
La visita también provocó una reacción de la concejala y candidata demócrata a gobernadora, Jerri Green, quien compite contra Blackburn. En un comunicado enviado a WREG, Green cuestionó el carácter político del encuentro y defendió las iniciativas comunitarias que, según afirmó, ya contribuían a reducir la delincuencia antes de la intervención federal.
El presidente Donald Trump anunció la creación del Memphis Safe Task Force el 15 de septiembre de 2025. Sus operaciones comenzaron el 29 de septiembre, según el Servicio de Alguaciles.
La decisión de mantener el despliegue prolonga también el debate sobre sus resultados y sus límites. Mientras las autoridades destacan arrestos y reducciones de la violencia, las investigaciones periodísticas y las denuncias de organizaciones civiles plantean preguntas sobre quiénes están siendo detenidos y cómo se protegen los derechos de quienes viven en Memphis.
Fuentes: declaraciones recogidas por WREG; investigación de Action News 5; información de The Associated Press; documentos y comunicados del Departamento de Justicia, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la ACLU.
