Condado de DeSoto, Mississippi – Ante la expectativa del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el fiscal de distrito del condado de DeSoto, Matthew Barton, ha anunciado la implementación de la “Operación Salida Final”. Este plan pretende deportar a inmigrantes encarcelados en el condado que se encuentran en Estados Unidos de forma irregular, buscando reducir los costos que actualmente asumen los contribuyentes.
Según Barton, el plan está orientado a “remover a las personas que están actualmente encarceladas en la cárcel del condado de DeSoto y que se encuentran ilegalmente presentes en los Estados Unidos”. De acuerdo con el fiscal, hasta el 22 de noviembre, un total de 16 prisioneros en el condado están detenidos “por actividades delictivas no relacionadas con su estatus migratorio”. Alojarlos le cuesta al condado alrededor de $1,600 diarios.
“El costo de la inmigración ilegal no debe ser asumido por los contribuyentes de Mississippi”, expresó Barton en un comunicado oficial. “El gobierno federal ha descuidado su deber de hacer cumplir las leyes de inmigración, por lo que es hora de que los funcionarios locales den un paso adelante. Cuando el presidente Trump regrese a la Casa Blanca, su administración tendrá un socio en Mississippi desde el primer día para garantizar que las personas que cometen delitos en Mississippi mientras se encuentran ilegalmente en los EE. UU. sean deportadas rápidamente”.
El plan, según anunció Barton, se desarrollará en colaboración con el zar fronterizo recientemente nombrado, Tom Homan, y se enviará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes del 15 de enero de 2025. Barton afirmó que su oficina se compromete a trabajar de cerca con agencias federales y la administración de Trump para ejecutar un enfoque “duro y sin excusas” contra la actividad criminal de personas indocumentadas en la región.
“Las pandillas venezolanas, y quién sabe qué más, están aquí en el Medio Sur”, advirtió Barton en su comunicado. Esta declaración subraya su compromiso de combatir el crimen en colaboración con agencias de seguridad federales y, según él, “el ejército”, en un esfuerzo conjunto que busca ser implacable ante el crecimiento de la criminalidad.
