Después de más de dos décadas de vivir, trabajar y formar familias en Estados Unidos, cerca de 80,000 hondureños y nicaragüenses perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que los ha protegido de la deportación desde 1999. La administración del expresidente Donald Trump ha decidido no renovar este beneficio, que expiró oficialmente el 5 de julio.
La medida afecta directamente a unos 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses, según dos documentos oficiales que se publicarán en el Registro Federal esta semana. En ellos se detalla que ya no se cumplen las condiciones que originalmente motivaron la designación del TPS, otorgado tras la devastación causada por el huracán Mitch en 1998.
“Las condiciones ya no aplican”
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que una revisión exhaustiva de la situación en ambos países mostró avances significativos en infraestructura y estabilidad, elementos que —según el gobierno estadounidense— justifican el fin de la protección. “Las condiciones que apoyaban la designación del TPS para Nicaragua y Honduras ya no son válidas”, dice el informe oficial.
Como evidencia, el documento cita el programa “Hermano, Hermana, Vuelve a Casa” en Honduras, creado para recibir a ciudadanos deportados con apoyo económico, alimentario y acceso a programas laborales. Noem aseguró que tanto Nicaragua como Honduras han demostrado “estar listos para acoger de nuevo a sus nacionales”.
“El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser eso: temporal”, recalcó la funcionaria en declaraciones a Fox News Digital, al tiempo que llamó a Honduras un “maravilloso aliado” de la administración Trump.
Un respiro de 60 días:
Los permisos de trabajo asociados al TPS seguirán siendo válidos por un periodo transitorio de 60 días, hasta principios de septiembre, según los comunicados oficiales. Durante ese lapso, los beneficiarios deberán buscar alternativas legales para permanecer en el país.
Aunque la decisión no es nueva —Trump intentó eliminar el TPS en 2018—, en aquel entonces se topó con litigios legales que impidieron su implementación inmediata. Posteriormente, bajo el mandato del expresidente Joe Biden, el Departamento de Seguridad Nacional revocó esa orden y extendió la protección hasta el 5 de julio de 2025.
Desde su primera designación en 1999, el TPS para Nicaragua fue renovado 13 veces consecutivas, por periodos de 12 o 18 meses. Sin embargo, el argumento del desastre ambiental que sustentaba su continuidad ha sido desestimado por la actual administración.
Reclamos ignorados y una crisis vigente:
Diversas organizaciones de derechos humanos y el Caucus Hispano del Congreso han pedido al Gobierno que reconsidere la designación del TPS, no solo para Nicaragua y Honduras, sino también para El Salvador y Guatemala.
En el caso específico de Nicaragua, las organizaciones han subrayado que el país atraviesa una crisis sociopolítica desde 2018, marcada por una ola de represión estatal que provocó un éxodo masivo de más de 800,000 personas, según datos del colectivo Nicaragua Nunca Más.
A pesar de esos argumentos, la administración Trump ha optado por centrarse únicamente en las condiciones establecidas en 1999, sin considerar las nuevas circunstancias que afectan actualmente a la región.
Una incertidumbre que duele:
La decisión deja en el limbo a miles de familias que llevan más de dos décadas construyendo sus vidas en EE. UU. Muchos llegaron huyendo del desastre, pero sus hijos ya son ciudadanos, han abierto negocios o trabajan en sectores esenciales. Ahora, enfrentan la posibilidad real de ser deportados a países que, para muchos, ya no reconocen como su hogar.
Noem y la administración Trump ven el fin del TPS como una formalidad legal. Pero para miles de personas, es un giro que puede cambiarlo todo: el trabajo, la familia, la seguridad.
¿Y ahora qué? Esa es la pregunta que se hacen decenas de miles de centroamericanos este lunes, mientras el reloj avanza y el futuro se vuelve más incierto.
