NASHVILLE, Tennessee. — A pocas horas de que el estado de Tennessee ejecutara a Tony Carruthers mediante inyección letal, el proceso se detuvo. El gobernador Bill Lee anunció este jueves una suspensión temporal de un año de la ejecución, luego de que surgieran complicaciones médicas durante el procedimiento en la prisión Riverbend de máxima seguridad.
“Concedo a Tony Von Carruthers una suspensión temporal de la ejecución por un año”, expresó Lee en un comunicado oficial.
El Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) informó que el personal médico logró establecer una vía intravenosa principal para administrar la inyección letal, pero no pudo encontrar una segunda vía de respaldo, requisito obligatorio bajo el protocolo estatal de ejecuciones.
Según las autoridades, el equipo médico continuó intentando completar el procedimiento conforme a las normas establecidas, pero finalmente no logró localizar otra vena adecuada. Después de varios intentos, Carruthers fue escoltado nuevamente a su celda.
La inesperada suspensión volvió a encender el debate sobre la pena de muerte en Tennessee y provocó reacciones inmediatas de funcionarios, activistas y familiares de las víctimas.
“No deberíamos hacerlo en absoluto, y me alegra que el gobernador haya concedido un año de prórroga, pero esto demuestra una gestión negligente”, declaró el alcalde del condado Shelby, Lee Harris, durante una entrevista con News 3.
Harris también señaló que la familia de las víctimas continúa atrapada en un proceso interminable.
“La familia tiene que seguir viviendo sin saber cómo se resolverá este caso. El gobernador Lee debió tomar una decisión más firme. Al final del día, él es el gobernador del estado”, añadió.
Por su parte, organizaciones contra la pena capital calificaron lo ocurrido como una muestra más de las fallas del sistema judicial.
“Tennessee ha demostrado claramente que no se puede aplicar la pena de muerte de manera justa. Obligaron a Tony Carruthers a representarse a sí mismo, no realizaron pruebas de ADN ni de huellas dactilares y ahora ni siquiera pudieron ejecutar el procedimiento. Es hora de terminar con la pena de muerte”, afirmó Laura Porter, directora ejecutiva de la Campaña Estadounidense para Acabar con la Pena de Muerte.
Maria DeLiberato, abogada principal del Proyecto contra la Pena Capital de la ACLU, también reaccionó tras la suspensión.
“Permitir que la ejecución avanzara sin ordenar pruebas de ADN ya era una profunda injusticia. Hoy, esa injusticia se convirtió en una auténtica barbarie tras el fallido intento de ejecución del señor Carruthers”, expresó en un comunicado.
La abogada aseguró además que continuarán luchando para impedir que el estado vuelva a intentar ejecutar a Carruthers.
Más de 130 mil personas firmaron peticiones solicitando detener la ejecución y permitir nuevas pruebas de ADN y huellas dactilares.
Un caso que ha dividido opiniones durante décadas
Tony Carruthers, de 59 años, fue condenado en 1996 por el secuestro y asesinato de Delouis Anderson, su hijo Marcellos Anderson y Frederick Tucker, crímenes ocurridos en Memphis en 1994.
De acuerdo con la acusación, Carruthers y su cómplice James Montgomery secuestraron, torturaron y enterraron vivas a las víctimas.
Aunque ambos fueron condenados a muerte, Montgomery quedó en libertad en 2015 luego que un tribunal de apelaciones determinara que debió haber sido juzgado por separado.
Carruthers decidió representarse a sí mismo durante el juicio y terminó condenado a la pena capital.
En las últimas semanas, familiares, activistas, organizaciones religiosas y grupos de derechos civiles impulsaron una intensa campaña para frenar la ejecución y exigir nuevas pruebas forenses.
Desde el corredor de la muerte en Riverbend, Carruthers habló recientemente con WREG y reiteró su inocencia.
“Esperamos que Bill Lee me conceda una suspensión de la ejecución”, dijo en abril.
Carruthers insistió en que pruebas adicionales de ADN y huellas dactilares podrían demostrar que existían otros sospechosos.
“Si hubiera tenido ese análisis de huellas en 1994, habría podido demostrar que había varios sospechosos y el estado lo sabía”, afirmó.
Su hermana, Tonya Carruthers, también pidió públicamente que el caso fuera revisado antes de ejecutar una sentencia irreversible.
“Le hacemos al gobernador Lee una pregunta muy sencilla: si aún hay pruebas de ADN sin analizar y dudas sin resolver, ¿por qué apresurarse?”, expresó.
Sin embargo, familiares de las víctimas sostienen que la justicia debe cumplirse después de más de tres décadas.
“Que Dios tenga misericordia de tu alma. Es hora de que te reúnas con tu creador”, dijo Frederick Tucker, padre de una de las víctimas.
La Corte Suprema de Tennessee había rechazado una solicitud de último momento para realizar nuevas pruebas de ADN y huellas dactilares antes de la ejecución.
Ahora, con la suspensión concedida por el gobernador Lee, el caso de Tony Carruthers permanecerá en pausa al menos durante un año. Pero el debate sobre la pena de muerte en Tennessee está lejos de terminar.
