Una disputa legal que se extiende por varios estados está poniendo sobre la mesa una pregunta cada vez más relevante dentro del sistema de detención migratoria de Estados Unidos: ¿pueden los estados inspeccionar instalaciones privadas que operan bajo contratos con el gobierno federal?
La investigación publicada originalmente por Tennessee Lookout, bajo la firma de la periodista Shalina Chatlani, documenta cómo varios estados están intentando hacer valer sus propias normas de salud y seguridad en centros donde ICE mantiene detenidos a inmigrantes.
El gobierno federal sostiene que los estados tienen autoridad limitada sobre instalaciones vinculadas a la política federal de inmigración. Los estados, en cambio, argumentan que cuando una empresa privada opera esas instalaciones dentro de su territorio, también debe cumplir con las leyes estatales.
La disputa ya ha llegado a los tribunales.
Uno de los casos más importantes se encuentra en Washington, donde el estado mantiene una batalla legal con GEO Group, una de las principales compañías privadas que administra centros de detención para ICE.
El Departamento de Salud de Washington informó que había recibido más de 3,500 quejas relacionadas con el Northwest ICE Processing Center, en Tacoma.
Los funcionarios estatales también denunciaron que sus inspectores fueron rechazados en repetidas ocasiones cuando intentaron ingresar a la instalación. Un documento del Departamento de Salud señala que nueve intentos fueron rechazados desde 2023; posteriormente, el gobernador del estado informó que el número había llegado a 10.
Las quejas incluyen señalamientos relacionados con alimentos, agua, higiene, atención médica y condiciones sanitarias.
Entre los reportes mencionados por las autoridades aparecen denuncias sobre alimentos presuntamente en mal estado, insectos, problemas con el agua y un momento en el que habría habido solamente dos baños funcionales para aproximadamente 100 personas. Estas son denuncias recibidas por las autoridades, no una determinación judicial de que cada una haya ocurrido.
En julio, un juez federal ordenó preliminarmente que GEO Group permitiera el ingreso de inspectores estatales, aunque estableció excepciones para determinadas áreas controladas directamente por ICE.
El caso demuestra que la disputa no se limita a una discusión política: la autoridad de los estados para inspeccionar instalaciones privadas de detención está siendo definida en los tribunales.
Colorado aprobó este año nuevas medidas para reforzar las inspecciones de centros de detención de inmigrantes, incluyendo inspecciones sin previo aviso y posibles sanciones por impedir el acceso de funcionarios.
GEO Group también ha llevado la disputa a los tribunales en ese estado.
El conflicto se produjo mientras funcionarios estatales buscaban obtener información relacionada con un caso confirmado de tuberculosis en una instalación de Aurora.
Massachusetts aprobó una ley que permite al auditor estatal inspeccionar centros de detención de inmigrantes y revisar aspectos relacionados con las condiciones de salud y seguridad.
En California, las autoridades estatales también buscan mantener y ampliar mecanismos de supervisión sobre instalaciones privadas utilizadas por ICE.
El patrón que se repite en estos estados es similar: los gobiernos estatales argumentan que las empresas privadas no deberían quedar exentas de las normas locales simplemente porque tienen un contrato con el gobierno federal.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que ICE ya es sometido a auditorías e inspecciones externas y afirma que las personas detenidas reciben alimentación, agua potable, atención médica y la posibilidad de comunicarse con familiares y abogados.
Sin embargo, la supervisión federal también ha enfrentado cuestionamientos.
Un informe reciente de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional sobre una instalación de detención en Florida encontró problemas relacionados con agua potable, duchas, alimentos y las condiciones en que permanecían algunas personas detenidas.
Esto ha aumentado el debate sobre quién debe garantizar que las condiciones dentro de estos centros cumplan con los estándares establecidos.
La disputa ocurre mientras el número de personas bajo custodia migratoria ha aumentado considerablemente durante la administración Trump.
Según los datos citados por Tennessee Lookout, el sistema de detención ha experimentado una expansión significativa durante el último año y medio.
Ese crecimiento también ha aumentado la importancia de las empresas privadas que administran instalaciones utilizadas por ICE y, con ello, las preguntas sobre quién supervisa sus operaciones.
La discusión no se limita a Washington, Colorado o Massachusetts.
A medida que más estados buscan inspeccionar instalaciones privadas utilizadas por ICE, los tribunales tendrán que continuar definiendo los límites entre la autoridad federal sobre inmigración y las responsabilidades estatales en materia de salud y seguridad.
Para los estados, el argumento es que las personas detenidas siguen encontrándose físicamente dentro de sus territorios y que las empresas privadas deben cumplir con las leyes estatales.
Para el gobierno federal y las compañías que operan estas instalaciones, el argumento es que la detención migratoria forma parte de una función federal y que una intervención estatal amplia podría interferir con ella.
Por ahora, la disputa continúa en los tribunales, mientras las condiciones dentro de los centros de detención siguen siendo objeto de denuncias, inspecciones y reportes oficiales.
Fuente original de la investigación: Tennessee Lookout, reportaje de Shalina Chatlani, publicado el 17 de septiembre de 2026.
Memphis Noticias presenta esta información con estructura y redacción propias, incorporando además información de documentos y fuentes oficiales.
