Nashville, Tennessee – En una decisión que ha generado indignación y protestas, el Comité de Educación de la Cámara de Representantes de Tennessee aprobó este miércoles un controvertido proyecto de ley que permitiría a las escuelas públicas del estado rechazar la inscripción de estudiantes indocumentados o cobrarles matrícula.
El proyecto de ley HB 0793/SB 0836, presentado en febrero, fue aprobado con 11 votos a favor y 7 en contra en el comité legislativo. Desde su introducción, ha sido objeto de intensas manifestaciones en el Capitolio estatal, con opositores denunciando que la medida atenta contra el derecho a la educación de los menores inmigrantes.
Un desafío a la Corte Suprema
Desde 1982, el fallo de la Corte Suprema en el caso Plyler v. Doe ha garantizado que todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, tienen derecho a una educación pública gratuita en Estados Unidos. Sin embargo, líderes republicanos de Tennessee argumentan que el costo de educar a estudiantes indocumentados es una carga financiera excesiva para el estado.
Los impulsores del proyecto de ley han manifestado su intención de que la legislación sea impugnada en los tribunales con la esperanza de que la Corte Suprema reconsidere el fallo Plyler v. Doe y permita a los estados establecer sus propias normas sobre la educación de niños inmigrantes sin estatus legal.
Protestas en el Capitolio
La votación en el comité provocó una inmediata respuesta por parte de grupos de derechos civiles, estudiantes, maestros y miembros de la comunidad educativa. El miércoles, numerosos manifestantes se congregaron frente al Capitolio de Tennessee para expresar su rechazo a la medida.
“La educación es un derecho, no un privilegio, y debería estar disponible para todos, independientemente de su ciudadanía”, declaró un manifestante durante la protesta.
Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que la ley, de ser aprobada en la legislatura estatal, enfrentaría demandas judiciales por su posible inconstitucionalidad.
El proyecto de ley ahora avanzará a nuevas instancias legislativas, donde continuará el debate sobre su impacto y legalidad.
