La representante estatal Gabby Salinas, del Distrito 96 en Shelby County, se pronunció en una entrevista con Manuel Duran sobre el impacto alarmante de la nueva Ley 293 y otras legislaciones recientes que afectan directamente a familias inmigrantes, organizaciones comunitarias y la vida cotidiana en Tennessee.
El 1 de julio entraron en vigor 177 nuevas leyes en Tennessee, y entre ellas destaca la Ley 293, que ha generado temor e incertidumbre entre las familias inmigrantes, en especial aquellas de estatus mixto. Según Salinas, esta ley deja la puerta abierta para criminalizar actos de compasión básicos como transportar o alojar a una persona sin estatus migratorio.
“Estamos en un sistema donde quienes hacen estas leyes ni siquiera entienden cómo funciona el sistema migratorio”, señaló Salinas, subrayando que muchos legisladores no pudieron responder preguntas básicas sobre visas T, U o TPS.
La representante también denunció que organizaciones religiosas, hospitales y servicios sociales corren riesgo de enfrentar consecuencias legales por ayudar a inmigrantes. “Hay mucha incertidumbre en esta ley”, dijo, explicando que ya se han presentado demandas para frenar su implementación.
La entrevista también abordó la Ley HB 6001, que amenaza con castigar con cárcel y multas a políticos locales que promuevan medidas protectoras hacia inmigrantes. “Se castiga incluso la intención de proteger a los más vulnerables”, lamentó Salinas.
A nivel nacional, la preocupación crece con el nuevo presupuesto federal que, según explicó, recorta fondos para programas sociales esenciales como Medicaid y SNAP, mientras aumenta el financiamiento para operativos de deportación masiva. En Tennessee, esto impactaría directamente a los 300,000 beneficiarios de TenCare, el programa estatal de salud.
“El voto es poder, si no votamos dejamos que quienes están en el poder continúen implementando políticas que nos afectan,” señaló Salinas, haciendo un fuerte llamado a la comunidad. Además, alentó a los jóvenes y líderes comunitarios a postularse a cargos públicos para representar verdaderamente los intereses de la comunidad latina.
Como medida de protección, también se está promoviendo una ley que exigiría a los agentes de ICE a identificarse claramente durante operativos, tras reportes de uso de máscaras y falta de transparencia.
La representante concluyó reconociendo que el camino es complejo, pero que la organización comunitaria, la información clara y la participación política son claves para resistir este momento. “No hay soluciones mágicas, pero debemos estar informados, unidos y activos”, afirmó.
