En un movimiento que ha generado preocupación entre defensores de derechos humanos y expertos legales, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, bajo el liderazgo de la administración de Donald Trump, ha ordenado a los proveedores de servicios legales financiados con fondos federales que dejen de brindar apoyo en los tribunales de inmigración.
La medida, comunicada a través de un memorando obtenido por ABC News, exige la suspensión inmediata de programas clave que brindan orientación legal y asistencia directa a inmigrantes que enfrentan procesos judiciales. Entre los programas afectados se encuentran el Programa de Orientación Legal, el Servicio de Asistencia de Tribunales de Inmigración, el Programa de Orientación Legal de Grupos Familiares y la Iniciativa de Asesoramiento para Niños.
“Este correo electrónico es para notificarles que deben cesar de inmediato el trabajo en estas áreas, conforme a la Orden Ejecutiva”, señala el memorando del Departamento de Justicia.
Los servicios legales, ofrecidos en gran medida por organizaciones financiadas con fondos públicos, han sido un pilar en los tribunales de inmigración, ayudando a miles de inmigrantes, incluidos menores no acompañados y familias, a navegar por los complicados procedimientos judiciales.
La suspensión de estos programas amenaza con dejar a cientos de miles de inmigrantes en una situación de vulnerabilidad extrema. Según un portavoz del Centro Acacia para la Justicia, “esta decisión deja a niños, familias y otros migrantes sin acceso a información legal básica ni representación”.
La ausencia de un abogado puede ser devastadora para los inmigrantes que deben argumentar su caso ante un juez en un idioma que no dominan, completar trámites legales complejos y buscar vías de alivio legal por su cuenta. Según datos del propio Departamento de Justicia de 2023, solo el 56% de los menores no acompañados contaban con representación legal en los tribunales de inmigración, lo que obligó a miles de ellos a enfrentarse solos a los jueces.
Uno de los programas ahora suspendidos, la Iniciativa de Abogados para Niños, proporcionaba representación legal directa a menores durante sus procedimientos judiciales. La eliminación de este recurso representa un duro golpe para los derechos de los niños migrantes, quienes ya enfrentan condiciones difíciles y, en muchos casos, traumas significativos.
La decisión del Departamento de Justicia también ocurre en un contexto de sobrecarga extrema en los tribunales de inmigración. El total de casos pendientes ha alcanzado un récord histórico de 3,5 millones, lo que agrava aún más la situación de miles de inmigrantes, quienes ahora deberán enfrentarse a un sistema colapsado sin la orientación adecuada.
La controversia también se amplió tras conocerse que, un día antes de emitirse la directiva, cuatro altos funcionarios de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración fueron removidos de sus puestos, lo que ha generado preguntas sobre posibles cambios estructurales en la administración de los tribunales de inmigración.
