JACKSON, Mississippi — Lo que comenzó como una investigación silenciosa terminó destapando una red de corrupción que sacude los cimientos de la confianza pública en el Delta de Mississippi. Dos alguaciles y doce agentes de policía, activos y retirados, fueron acusados formalmente de aceptar sobornos para proteger operaciones de narcotráfico encubiertas, según anunciaron las autoridades federales.
En total, 20 personas enfrentan cargos, incluidos 14 agentes del orden, por haber recibido pagos que, en algunos casos, alcanzaron los 37 mil dólares. Las acusaciones señalan que los implicados escoltaron cargamentos de cocaína y dinero, creyendo que trabajaban para un cártel mexicano, cuando en realidad colaboraban con un agente encubierto del FBI.
“Es una traición monumental a la confianza pública”, declaró el fiscal federal Clay Joyner, al dar a conocer los resultados de una investigación que se extendió por varios años y abarcó condados de Mississippi y Tennessee.
Entre los detenidos figuran los alguaciles Milton Gaston, del condado de Washington, y Bruce Williams, del condado de Humphreys. Ambos habrían autorizado las operaciones a cambio de sobornos, según las acusaciones. En el caso de Gaston, se alega que intentó disfrazar los pagos como contribuciones de campaña, sin reportarlos como exige la ley.
Las autoridades federales informaron que la investigación comenzó tras denuncias de personas arrestadas que afirmaron haber sido obligadas a pagar sobornos a funcionarios del orden.
“La labor policial solo es eficaz cuando la comunidad puede confiar en sus agentes”, señaló Robert Eikhoff, agente especial a cargo del FBI en Jackson. “Este tipo de corrupción atenta contra el corazón de la comunidad”.
De los 20 acusados, 19 también enfrentan cargos por violar leyes federales de armas. La lista incluye a Brandon Addison, Javery Howard, Truron Grayson, Sean Williams, Dexture Franklin, Wendell Johnson, Marcus Nolan, Aasahn Roach, Jeremy Sallis, Torio Chaz Wiseman, Pierre Lakes, Derrik Wallace, Marquivious Bankhead, Chaka Gaines, Martavis Moore, Jamario Sanford, Marvin Flowers y Dequarian Smith.
Los registros judiciales muestran que 16 de los acusados, incluidos los dos alguaciles, son representados por la Oficina del Defensor Público Federal, que declinó hacer comentarios. No se logró contactar a los otros cuatro.
El gobernador Tate Reeves expresó su decepción al conocer los hechos.
“La ley debe aplicarse por igual a todos, independientemente del cargo que ocupen. Si traicionan la confianza del pueblo de Mississippi, enfrentarán las consecuencias”, afirmó.
Esta no es la primera vez que Mississippi enfrenta casos de corrupción policial. En 2024, el exalguacil Marshand Crisler, del condado de Hinds, fue declarado culpable de aceptar sobornos y entregar munición a un convicto. Ese mismo año, el exalguacil Terry Grassaree, del condado de Noxubee, admitió haber mentido al FBI en un caso de conducta indebida con una reclusa.
También se recuerda la condena en 2019 del exalguacil William Brewer, del condado de Tallahatchie, por extorsionar a un narcotraficante.
Más recientemente, en 2023, seis agentes se declararon culpables de torturar a dos hombres afroamericanos en el condado de Rankin, un caso que provocó una investigación del Departamento de Justicia. Otro informe federal reveló que la policía de Lexington había incurrido en prácticas discriminatorias contra ciudadanos afroamericanos.
Estos casos, sumados al más reciente escándalo en el Delta, evidencian una crisis de integridad dentro de algunas agencias del orden en Mississippi.
La justicia, ahora, tendrá la última palabra. Pero la confianza perdida esa que une a los pueblos con sus protectores no será fácil de recuperar.
